Un grupo de padres y organizaciones cristianas ha presentado una petición judicial contra el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, por impedir que el consejo escolar de una ciudad aplique una nueva política de notificación a los padres sobre la identidad de género de los alumnos.
Platkin afirma que la política viola las leyes estatales sobre discriminación porque se dirige a un grupo protegido y, por tanto, es ilegal.
«Revelar a los alumnos LGBTQ+ en contra de su voluntad supone graves riesgos para la salud mental, amenaza con causar daños físicos a los alumnos, incluido el riesgo de que aumenten los suicidios, y elude el deber del distrito de crear un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo para todos», escribió Platkin en su demanda contra el Consejo de Educación del municipio de Hanover.
La abogada del Instituto de Justicia del Pacífico, Karyn White, que representa al grupo en su petición contra Platkin, calificó de «disparatada» la idea de que contar a los padres lo que les ocurre a sus hijos mientras están en la escuela es ilegal y discriminatorio.
«Esto no tiene nada que ver con la discriminación y todo que ver con difamar a los padres y quitarles el derecho a criar a sus propios hijos para entregárselo al gobierno», dijo.
La oficina de Platkin no respondió a las preguntas de The Epoch Times sobre el asunto.
White declaró a The Epoch Times que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema y sentar precedente jurídico a escala nacional, porque Platkin está pidiendo esencialmente a los tribunales que declaren ilegal que una escuela informe a un padre si su hijo está cambiando de identidad de género en la escuela.
El grupo también está indignado por el hecho de que, tras ganar una orden judicial para bloquear la aplicación de la política en el tribunal superior, Platkin utilizó su propia División de Derechos Civiles (DCR) dentro de la oficina del fiscal general para presentar una denuncia de derechos civiles contra el consejo por adoptar la política.
Las denuncias de derechos civiles presentadas ante la DCR de Nueva Jersey son confidenciales.
Los padres acusaron a Platkin de abusar «descaradamente» de su propio cargo para bloquear la política escolar local y eludir los procedimientos judiciales abiertos.
Su petición pretende impedir que avance el caso del DCR y mantenerlo en el tribunal superior.
«Conocemos los juegos políticos de la justicia de Nueva Jersey», dijo a The Epoch Times Gregory Quinlan, presidente del Centro para las Familias de Garden State. «Si esto va al DCR, está arreglado y el público nunca sabrá lo que ocurrió. Dejarlo en el Tribunal Superior será más transparente».
El grupo de Quinlan y el Consejo de Política Familiar de Nueva Jersey se han unido a los padres en la petición. El grupo inició la petición el jueves y el viernes había recogido más de 1000 firmas, según White.
Cuando el juez Stuart Minkowitz concedió a Platkin una medida cautelar, indicó que sólo era temporal hasta que él y el consejo escolar pudieran encontrar un «término medio».
En respuesta a la orden de Minkowitz, el consejo modificó su nueva política de notificación para excluir el lenguaje específico sobre la sexualidad LGBT.
Sin embargo, menos de una semana después, el 12 de junio, Platkin envió una carta a Minkowitz indicando que había rechazado la política modificada porque consideraba que la intención de dirigirse a los niños LGBT seguía siendo evidente en la política modificada.
Platkin dijo a Minkowitz que, por tanto, la orden judicial debe mantenerse debido a la «firme negativa» del consejo escolar a excluir específicamente los requisitos de notificación a los padres relacionados con el colectivo LGBT.
También se queja de que el consejo no ha incluido «salvaguardias para garantizar que los alumnos no sean delatados por el personal escolar».
White dijo que si alguien tiene una agenda, ése es Platkin, porque la política sólo busca la notificación sobre la orientación sexual.
«Se trata de la sexualización inapropiada para la edad de los niños», dijo. «No eres anti-LGBTQ porque no quieras que en tu guardería se hable de masturbación y sexo anal en la escuela».
Según las nuevas directrices curriculares sobre educación sexual del Departamento de Educación de Nueva Jersey para las convocatorias públicas del estado, se anima a las escuelas a enseñar masturbación, sexualidad transgénero, pornografía y sexo anal a alumnos tan jóvenes como los de jardín de infancia.
Barbara Eames, exmiembro del consejo escolar de Hanover Township, que forma parte de la petición contra Platkin y ahora tiene nietos en el sistema escolar de Nueva Jersey, declaró a The Epoch Times que le preocupa que el gobierno esté intentando enseñar a los niños a no confiar en sus propios padres.
Dijo que le preocupa que, con la influyente posición de Platkin como fiscal general, cree un precedente nacional para «borrar el consentimiento paterno» si su demanda prospera.
Eames señala un proyecto de ley pendiente en Nueva Jersey que pretende permitir que niños de hasta 13 años se sometan a asesoramiento psiquiátrico sin consentimiento paterno, como parte de su preocupación por que el gobierno esté «reinventando las escuelas como una gran sesión de asesoramiento».
«Estamos en una lucha de David contra Goliat», dijo Eames. «Nadie debería ocultar secretos a los padres».
Eames y otros expresaron también su preocupación por que la interferencia de Platkin en la elaboración de políticas del consejo escolar del municipio de Hanover disuada a otros consejos de adoptar políticas de notificación a los padres cuando se trate de la actividad sexual de los niños en la escuela.
Ya ha tenido un efecto amedrentador en al menos una de ellas.
Tras la orden judicial de Minkowitz, el consejo escolar de Colts Neck, que está a unas 50 millas del municipio de Hanover, tenía previsto votar una nueva política que obligaría a notificar a los padres si sus hijos mostraban o participaban en cambios de su identidad de género u orientación sexual en la escuela. En lugar de ello, la eliminó de su orden del día.
La junta también votó no aceptar la petición de los peticionarios del municipio de Hanover de que los consejos escolares de todo el estado se unieran a ellos en su petición contra Platkin.
Quinlan dijo que, con el gobierno en un «evidente debate» del grooming sobre los niños, es importante que el consejo escolar cuente con leyes sólidas de notificación a los padres.
El consejo escolar de Hanover Township ha prometido luchar contra Platkin por su injerencia en su política relativa a la sexualidad de los niños en la escuela. Defendió su nueva política como una política que «simplemente requiere» que el personal de la escuela «diga algo a los padres y a los directivos escolares apropiados si ven algo que pueda afectar negativamente al bienestar social/emocional de un niño».
«El Consejo de Educación del municipio de Hanover cree que los padres deben estar plenamente informados de todas las cuestiones materiales que puedan afectar a sus hijos, para que ellos —como padres— puedan proporcionarles la atención y el apoyo adecuados», escribió el consejo en una declaración sobre la polémica.
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