La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está apelando una demanda que anuló la regulación de «Procedimientos de Aislamiento y Cuarentena» de la gobernadora Kathy Hochul, según el senador estatal George Borrello.
El senador dijo que James, demócrata, presentó formalmente el lunes una apelación a la sentencia de la Corte Suprema del Estado, dijo el senador en un comunicado de prensa del 13 de marzo.
Un juez neoyorquino anuló en julio la norma que permitía al Departamento de Salud poner a los ciudadanos expuestos o infectados por enfermedades altamente contagiosas, como COVID-19, en «lugares» de cuarentena por tiempo indefinido y sin necesidad de revisión.
«Es decepcionante, pero no una sorpresa, que las autoridades estatales hayan optado por recurrir la sentencia del juez [Ronald] Ploetz, que declara inconstitucional y ‘nula’ la norma 2.13», declaró Borrello.
«Sus acciones constituyen un atroz despilfarro del dinero de los contribuyentes y un intento de defender una política indefendible. La separación constitucional de poderes y el derecho al debido proceso son múltiples principios que no pueden verse comprometidos».
Hochul y el Departamento de Salud ordenaron los protocolos de la norma durante la pandemia de COVID-19, los que posteriormente se renovaron cada 90 días.
Específicamente, la norma 2.13 establece que «siempre que sea apropiado para controlar la propagación de una enfermedad transmisible altamente contagiosa, el Comisionado de Salud del Estado puede emitir y/o puede ordenar a la autoridad sanitaria local que emita órdenes de aislamiento y/o cuarentena, en consonancia con el debido proceso legal, a todas las personas que el Comisionado de Salud del Estado considere apropiadas».
Aislamiento en «sitios de alojamiento temporal»
También señaló que las órdenes pueden requerir el aislamiento en varios lugares, como en una casa o en «otros lugares residenciales o de alojamiento temporal» que el Departamento de Salud «determine apropiados», o «donde los síntomas o las condiciones indiquen que no se espera que se requiera atención médica en un hospital general».
En los otros casos, «el lugar de aislamiento será un hospital general», establece la directriz.
La norma no establece ninguna restricción en cuanto a la edad o el tiempo necesario en cuarentena, pero indica que los médicos tratantes deben informar inmediatamente al Departamento de Salud y a la autoridad sanitaria local de los casos sospechosos de enfermedades altamente contagiosas en cuanto los descubran.
Las personas que no cumplan la directriz, incluidas las personas infectadas y los médicos, estarían sujetos a sanciones civiles y penales, según la norma.
La constitucionalidad de la directriz fue impugnada posteriormente en una demanda presentada en abril de 2022 por la abogada Bobbie Anne Cox, a nombre de Borrello, así como de los miembros de la Asamblea Chris Tague y de Michael Lawler, del condado de Rockland.
Ellos argumentaron que la promulgación de la norma 2.13 viola los derechos constitucionales, así como la separación de poderes, alegando que el Departamento de Estado, como agente del poder ejecutivo, no tenía autoridad para promulgar los procedimientos de aislamiento y cuarentena.
El 8 de julio, el juez de la Corte Suprema estatal, Ronald Ploetz, del condado de Cattaraugus, dictaminó (pdf) que el reglamento de Hochul era inconstitucional y declaró la norma 2.13 «nula e inválida» y, por tanto, inaplicable.
«La detención involuntaria es una grave privación de la libertad individual, mucho más atroz que otras medidas de seguridad sanitaria, como exigir el uso de mascarillas en determinados lugares. La cuarentena involuntaria puede tener consecuencias de largo alcance, como la pérdida de ingresos (o de empleo) y el aislamiento de la familia», escribió el juez en su sentencia.
La norma se atiene «de la boca para afuera» a las garantías procesales
«Aunque la norma 2.13 establece que el aislamiento y la cuarentena deben realizarse ‘de acuerdo con las garantías procesales’ y que el detenido tiene derecho a solicitar una revisión judicial y a un abogado, estas protecciones son a posteriori y obligarían al detenido a ejercer estos derechos en un momento en el que ya está detenido, posiblemente aislado de su hogar y su familia, y en una situación en la que podría ser difícil obtener un abogado a tiempo», añade el juez.
«La regla 2.13 se limita a defender de ‘la boca para afuera’ las garantías procesales constitucionales», señaló también el juez.
En un artículo publicado el martes por el Brownstone Institute, el abogado señaló que la oficina de James presentó una notificación de apelación contra la sentencia del juez Ploetz inmediatamente después de que éste la dictara. Ese aviso de apelación, según Cox, les daba seis meses para presentar los documentos de apelación.
«Tuvimos elecciones estatales en noviembre, y tanto la gobernadora Hochul como Letitia James se presentaron a las elecciones», escribió Cox. «Curiosamente, no presentaron su apelación para tratar de anular esta horrible regulación antes de esas elecciones cruciales».
«Luego, solo unos días antes de que sus seis meses expiraran en enero de 2023, hicieron una solicitud de dos meses adicionales para presentar su apelación», escribió Cox.
Según el abogado, la corte concedió la prórroga, dando a James y Hochul hasta el 14 de marzo de 2023 para presentar la apelación, lo que hicieron «apenas horas antes de la fecha límite».
En el comunicado de prensa del lunes, Borrello dijo que él y otros que desafiaron la norma están comprometidos a ayudar a Cox, quien «ha liderado desinteresadamente esta lucha» para asegurar que el caso concluya.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la oficina de James para recabar sus comentarios.
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