La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está organizando un evento de recompra de armas, a fines de abril, con el objetivo declarado de proteger a los neoyorquinos de la violencia armada.
La primera recompra de armas comunitaria en todo el estado de Nueva York se llevará a cabo el sábado 29 de abril, según un comunicado de prensa, emitido el 18 de abril, de la Oficina de la Fiscal General (OAG) de Nueva York.
“Esta iniciativa estatal de un día contará con nueve eventos simultáneos de recompra de armas que se llevarán a cabo en todo el estado, en los cuales la Oficina de la Fiscal General (OAG) aceptará, sin hacer preguntas, armas de fuego descargadas que funcionen y no funcionen a cambio de una compensación en el lugar”, dijo.
“La OAG proporciona dinero en forma de tarjetas de regalo prepagadas cuando un arma es recibida y asegurada por agentes de la ley en el lugar… Esta iniciativa a nivel estatal es parte de los esfuerzos de la fiscal general, James, para combatir la violencia armada y proteger a las personas de cualquier daño”.
La OAG ofrecerá USD 500 por cada rifle de asalto o arma fantasma, USD 75 por rifles o escopetas, y USD 25 por cada arma que no funcione, réplica, antigüedad, casera o impresa en 3D. Por una pistola entregarán USD 150.
No hay límites sobre cuántas armas de fuego puede entregar una persona. Las armas de fuego deben descargarse y colocarse en una bolsa o caja.
El evento de recompra se llevará a cabo en nueve ubicaciones, incluida la Academia de Vida Familiar en el Bronx, la Iglesia Católica Romana de Todos los Santos en Brooklyn, la Oficina Regional de OAG Suffolk en el Condado de Suffolk y el Centro para Personas Mayores de Johnson City en el Condado de Broome.
“Hasta la fecha, la fiscal general James ha ayudado a retirar más de 4000 armas de las comunidades de Nueva York desde 2019″, señala el comunicado, aunque no especifica de manos de quién.
Reforzando el control de armas, el gobierno apunta a ciudadanos respetuosos de la ley
La recompra de armas de Letitia James se produce después que el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva el 14 de marzo que busca endurecer las medidas de control de armas. La orden aumenta la cantidad de verificaciones de antecedentes a las que está sujeta una persona antes de vender un arma de fuego.
Además, la orden amplía el uso de las leyes de “bandera roja” y aumenta el escrutinio de la industria de las armas. Las leyes de bandera roja tienen como objetivo evitar que las personas que muestran signos de ser una amenaza potencial para ellos mismos o para otros compren o posean un arma de fuego.
Durante una convención reciente celebrada por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el expresidente Donald Trump advirtió que la agenda de control de armas de Biden es una “parte integral de la cruzada de izquierda para armar al gobierno contra los ciudadanos respetuosos de la ley”.
Al mismo tiempo, la administración está dejando que los delincuentes anden libres, dijo Trump. “Son [criminales] por todas partes. Nunca he visto algo así. Tienes miedo de caminar por una de estas ciudades demócratas. Sales por una barra de pan y terminas recibiendo un disparo”.
“Como presidente, terminaré con la instrumentalización de nuestro gobierno, incluida la ATF”, dijo Trump, refiriéndose a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
Éxodo en los estados que aplican el control de armas
Según un análisis de John Seiler, un veterano escritor de opinión de California, la gente ha estado huyendo de estados con control de armas como California. Seiler analizó los estados con leyes de armas de «portación constitucional» y leyes de «expedición obligatoria».
Bajo “portación constitucional”, un ciudadano puede portar un arma de fuego oculta sin obtener un permiso. En un estado con leyes de «expedición obligatoria”, los ciudadanos recibirán permisos de portación de armas solo después de que tomen clases de armas de fuego y se les realice una verificación de antecedentes.
Estados Unidos tiene 26 estados donde se aplica la portación constitucional, incluida Florida, donde entrará en vigencia el 1 de julio. Otros 24 estados piden la expedición obligatoria.
Seiler encontró que 1,929,551 estadounidenses se mudaron de estados de expedición obligatoria a estados de portación constitucional durante un período de dos años, entre el 1 de abril de 2020 y el 1 de julio de 2022. El mayor éxodo se observó en California, donde 871,127 personas abandonaron el estado que es conocido por sus estrictas leyes de control de armas.
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