La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, anunció el 4 de enero la apertura de una investigación contra el presidente Pedro Castillo por tráfico de influencias y connivencia con empresas por contratos públicos.
Se trata de la última de una serie de acusaciones de corrupción y de presiones del gobierno que afectan a la administración de Castillo desde que asumió el cargo el 28 de julio del año pasado.
El pasado mes de agosto, el primer ministro Guido Bellido y el líder del partido socialista Perú Libre de Castillo, Vladimir Cerrón, fueron acusados junto con otras 15 personas de lavado de dinero.
En el marco de una investigación al exministro de Defensa Walter Ayala y al exsecretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco, Avalos citó a Castillo para que declarara sobre su participación en el supuesto abuso de autoridad y clientelismo ilegal el 14 de diciembre.
Ese mismo mes, Castillo se enfrentó a un juicio político en el Congreso por «incapacidad moral permanente».
La medida no fue aprobada, ya que solo obtuvo 46 de los 52 votos necesarios para destituir al presidente.
Echando más leña al fuego, se encontró a Pacheco escondiendo 20,000 dólares en su cuarto de baño, que según él eran sus ahorros personales.
El 28 de diciembre, Castillo dijo que recibió a los emisarios de la fiscalía y cooperó con sus preguntas sobre la investigación de Ayala y Pacheco y que cumpliría con su «deber constitucional» cuando se trata de las leyes peruanas.
Y el ministerio público vuelve a llamar a la puerta de Castillo, esta vez por influir en los contratos de obras públicas.
«No es una sorpresa que vayan también tras él por esto», dijo el analista político Fernando Menéndez a The Epoch Times.
La última investigación de la fiscalía se produce en respuesta a las reuniones privadas del presidente con lobistas de empresas en noviembre de 2021.
Castillo mantuvo reuniones en el Palacio de Gobierno, y también en el domicilio particular de Karelim López, sobre la construcción de un puente en uno de los departamentos amazónicos del centro del país.
El empleador de López, Puente Tarata III, ganó el proyecto al subastar la competencia por solo 27 centavos.
El presidente también se reunió en privado con representantes de Heaven Petroleum Operation, que también ganó una licitación para vender 280,000 barriles de biodiésel a la empresa estatal PetroPerú por 74 millones de dólares.
Según Menéndez, este tipo de acuerdos por debajo de la mesa son de esperar cuando el gobierno tiene demasiado poder sobre quién obtiene los puestos de trabajo.
«Es fácil que haya corrupción en esos escenarios. Si todo, incluidos los contratos de trabajo, se hace a través del Estado, la corrupción es inevitable».
Castillo está acusado de intervención indebida en el proceso de licitación de los proyectos. La investigación permanecerá en el limbo hasta que finalice su mandato presidencial, ya que el artículo 117 de la Constitución peruana impide que se inicie un proceso penal contra un presidente mientras esté en el cargo.
Sin embargo, la abogada y congresista peruana Susel Paredes sugirió una forma de sortear el dilema: una modificación del artículo 117 de la Constitución.
«Saquémoslo bien, si el presidente es delincuente, entonces que se le acuse durante su mandato por delitos de corrupción, entonces se le condena y se le saca”, dijo Paredes.
Castillo cerró el año 2021 con un pésimo 25 por ciento de aprobación, lo que supone un descenso con respecto al 35 por ciento que obtuvo en octubre, según un informe del Instituto de Estudios Peruanos.
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