El estado de Florida ha demandado al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas eb inglés) por intentar bloquear su investigación independiente sobre el intento de asesinato del expresidente Donald Trump en West Palm Beach.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, presentó el 23 de octubre una demanda contra el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en la Corte del Distrito Sur de Florida, argumentando que las acciones tomadas por el gobierno federal son una violación de la Décima Enmienda, y suponen una «amenaza genuina» a la capacidad de Florida para investigar las violaciones de las leyes estatales.
«Estos funcionarios han declarado que Florida no puede llevar a cabo su propia investigación, no puede entrevistar a testigos y solo puede cooperar con la investigación del gobierno federal», escribe Moody en su demanda.
«Florida demanda para reivindicar su interés soberano de investigar las violaciones de la ley estatal, ya que el retraso puede afectar al resultado de cualquier enjuiciamiento», escribió.
La demanda de Moody afirma que el DOJ comenzó a obstaculizar la investigación de Florida solo unos días después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmara la orden ejecutiva del 17 de septiembre anunciando la investigación en todo el estado.
El agente especial a cargo del FBI Jeffre Veltri y otros funcionarios federales citaron el artículo 18 U.S.C. § 351 (f), que establece: «Si se afirma la jurisdicción federal de investigación o ejecutiva por una violación de esta sección, dicha afirmación suspenderá el ejercicio de la jurisdicción por parte de una autoridad estatal o local, en virtud de cualquier ley estatal o local aplicable, hasta que se ponga fin a la acción federal».
Moody envió una carta al fiscal Markenzy Lapointe y al director del FBI, Christopher Wray, para pedir aclaraciones sobre las intenciones del DOJ de invocar esa legislación el 23 de septiembre.
El intento de asesinato de un candidato presidencial importante es una de esas violaciones cubiertas por esa ley federal, pero el cargo no fue añadido por los fiscales federales hasta el 24 de septiembre.
Moody recibió una respuesta de Lapointe el 30 de septiembre, en la que afirmaba que la imputación federal que añadía el cargo de intento de asesinato «resolvía cualquier posible incertidumbre» sobre si la legislación se aplicaba o no a la investigación.
La queja de Moody afirmaba que la respuesta de Lapointe no proporcionaba ninguna orientación adicional sobre lo que prohíbe la ley o sobre cómo pretende aplicarla el gobierno federal.
Lapointe declaró en su carta: «El Congreso previó claramente la primacía de la investigación y el procesamiento federales en primera instancia para los intentos de asesinato como el que se produjo aquí, la misma disposición no impide los procesamientos estatales permisibles tras la conclusión del procesamiento federal».
Dos días después, los fiscales federales solicitaron un aplazamiento indefinido de la programación del juicio de Routh, alegando la gran cantidad de pruebas que debían revisar los fiscales.
La jueza Aileen Canon denegó la solicitud, pero el juicio del 18 de noviembre se aplazó hasta el 10 de febrero de 2025, lo que impidió a Florida iniciar su investigación independiente, ya que el estado no puede entrevistar a testigos ni ejecutar órdenes o citaciones hasta que concluyan la investigación y el procesamiento federales.
«Cada día que se impide a Florida investigar, el caso del Estado se hace más difícil de probar en el juicio», dijo Moody. «Por el contrario, el gobierno federal no sufre ningún perjuicio porque Florida investigue delitos de derecho estatal, ya que el Estado no tiene intención de interferir u obstruir la investigación federal».
Moody invoca la 10ª Enmienda, argumentando que la lectura de la ley por parte del DOJ viola la norma anticomandancia de la enmienda al intentar dictar las acciones de los funcionarios estatales.
Moody también señaló su preocupación por el sesgo percibido dentro del DOJ contra el expresidente.
«El estado de Florida ha dejado claro que una investigación de doble vía sería lo mejor para todas las partes implicadasE, dijo Moody en un comunicado de prensa. «No se nos escapa que al pueblo estadounidense le preocupa que las agencias federales se ocupen exclusivamente de este asunto mientras simultáneamente investigan e intentan procesar al presidente Trump».
El Departamento de Justicia declinó la solicitud de The Epoch Times para hacer comentarios, remitiéndose al 18 U.S.C. § 351 (f) y a la carta de respuesta de Lapointe a Moody.
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