Los abogados del expresidente Donald Trump se opusieron a la solicitud tardía de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de ampliar la supervisión, dado que ya se ha dictado sentencia definitiva en el caso de fraude civil contra el expresidente y su Organización Trump.
En una carta dirigida al tribunal el 8 de abril, plantearon lo que describieron como varios aspectos preocupantes de la solicitud de la fiscal general.
«La asombrosa solicitud de la NYAG es una evidente jugada para transformar al monitor en su propio abogado especial», se lee en la carta . «[La propuesta] no tiene el sello distintivo de un procedimiento judicial».
«Más bien, es un procedimiento de investigación politizado envuelto en el secreto para inventar una afirmación especulativa de que los acusados cometieron algún delito durante un proceso de descubrimiento gestionado por la NYAG y que concluyó a la supuesta satisfacción de la NYAG el verano pasado».
En febrero, el juez del Tribunal Supremo de Nueva York Arthur Engoron dictó sentencia firme contra el presidente Trump, que ahora está apelando el caso y mantiene que no hizo nada malo.
El 4 de marzo, el exdirector financiero de la Organización Trump Allen Weisselberg se declaró culpable de perjurio en la sala del juez Engoron, evitando la cárcel en un caso penal separado en Nueva York.
La Sra. James dirigió el 4 de abril una carta al juez solicitando que se otorgue al monitor de la Organización Trump la autoridad para llevar a cabo y dirigir una investigación independiente sobre los documentos relacionados con los falsos testimonios del Sr. Weisselberg e informar a la oficina del fiscal general.
El Sr. Weisselberg testificó sobre el ático triplex de la Torre Trump —conocido por su tamaño tres veces mayor que el real según un artículo de Forbes que generó controversia— y el fiscal general solicitó que el supervisor revisara la correspondencia relacionada con este asunto y determinara por qué ciertos archivos se presentaron o no en la presentación de pruebas.
Descubrimiento cerrado
Los abogados de la defensa argumentaron que la fase de proposición de prueba se había cerrado hacía meses por orden del fiscal general, que «defendió enérgicamente» el calendario del juicio que había comenzado.
Añadieron que la Sra. James había certificado que el descubrimiento se había completado el 31 de julio de 2023, y no ha tomado ninguna medida para anular esta certificación.
Varios casos estatales dictaminaron que al presentar una nota de emisión declarando que el descubrimiento está completo, el demandante no puede reabrir el descubrimiento e incluso ha renunciado a cualquier defecto en las producciones de la defensa, citaron los abogados.
Argumentaron que la propia fiscal general desempeñó un papel activo e hizo «aportaciones sustanciales» a la hora de dirigir el proceso de proposición de la prueba y que la defensa fue de un lado a otro con la oficina durante varios meses para perfeccionar la prueba que finalmente se presentó.
La defensa alegó que se trataba de una expedición de pesca basada en la especulación de que retuvo información relacionada con perjurio, que los abogados del presidente Trump dicen que no conocían.
Más preocupante, argumentaron, fue que el fiscal general hizo esta solicitud a través de una carta informal.
Si el tribunal modificara la orden de supervisión basándose en esta recomendación informal, los acusados no podrían apelar.
«Sin práctica de moción o cualquier solicitud de reapertura de la sentencia final, el NYAG pide a este tribunal que ahora modifique la sentencia final y amplíe el mandato del monitor para incluir la revisión del proceso de descubrimiento previo al juicio», dice la carta.
«Por lo tanto, la entrada del tribunal de la orden propuesta por la NYAG no se ajustaría a la CPLR ni estaría sujeta a la revisión estándar de apelación».
Barbara Jones, una ex jueza, fue nombrada supervisora para revisar las prácticas financieras de la Organización Trump en 2022, ordenada por el juez para representar a un «brazo de la corte».
El objetivo de la monitorización era garantizar que partes externas como prestamistas y contables recibieran toda la información necesaria relacionada con las valoraciones de Trump Organization y evitar que los acusados sacaran activos fuera de la jurisdicción durante la investigación y el juicio.
El tribunal señaló que esta función sería independiente de la de un administrador judicial para controlar la organización, que había contemplado instalar.
La defensa argumenta ahora que, como extensión del tribunal, el monitor no debe hacer lo que un juez no puede hacer por sí mismo.
Conferir autoridad investigadora al monitor «viola principios profundamente arraigados de separación de poderes consagrados en la jurisprudencia y en la Constitución de este Estado», argumentan.
Los tribunales neoyorquinos han dictaminado que los jueces no pueden ser nombrados investigadores y actuar como fiscales, argumentó la defensa.
En cualquier caso, ya se ha dictado sentencia firme y una investigación de este tipo no la cambiaría, añadieron.
«La NYAG no dice nada sobre el uso que piensa dar a la información que obtenga, y es imposible que afecte al resultado del juicio o a la sentencia final», dice la carta.
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