La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió el miércoles a una corte de apelaciones que mantenga la sentencia por fraude civil de 454 millones de dólares contra el expresidente Donald Trump.
En un escrito de 168 páginas, los abogados del estado afirman que hay “pruebas abrumadoras” que respaldan la decisión del juez Arthur Engoran, de la Corte Suprema de Manhattan, del 16 de febrero, que determinó que Trump falseó su riqueza a aseguradoras, bancos y otras entidades para construir su imperio inmobiliario.
Trump apeló esa sentencia en julio. Entre otras cosas, él y sus abogados argumentan que el juez, que según ellos “se esforzó por entender conceptos bancarios básicos” antes de dictar la sanción, tomó una decisión errónea.
Los abogados del estado, respondiendo en su presentación al Primer Departamento de la División de Apelaciones de la Corte Suprema del Estado el miércoles, dijeron que la apelación de Trump está llena de “argumentos legales sin mérito”.
Dicen que su apelación ignora pruebas sustanciales del juicio sin jurado que demostraron “fraude e ilegalidad a una escala inmensa”.
“Las determinaciones de responsabilidad de la Corte Suprema están respaldadas por pruebas abrumadoras de que, en cada Declaración, los acusados utilizaron una variedad de estrategias engañosas para tergiversar enormemente los valores de los activos del Sr. Trump”, escribió el Procurador General Adjunto Daniel S. Magy, refiriéndose a las declaraciones anuales que dijeron que tergiversaron la riqueza de Trump.
Magy dijo que Trump, junto con su compañía y altos ejecutivos, participó en prácticas engañosas para mantener préstamos por valor de más de 500 millones de dólares y obtuvo ilícitamente más de 360 millones de dólares en ganancias.
“En la apelación, los acusados ignoran de forma reveladora casi todos sus engaños. En su lugar, alegan principalmente que [la Fiscalía General del Estado de Nueva York] no demostró que las contrapartes de los acusados se basaran en las falsedades para su perjuicio financiero”, añadió Magy.
“Pero está bien establecido que ni la confianza ni las pérdidas de las víctimas (que son elementos del fraude de derecho consuetudinario) son necesarios para las demandas por fraude o ilegalidad cuando, como aquí, [los abogados del estado] buscan la restitución y el desagravio por mandato judicial en lugar de daños o restitución”.
En su apelación de julio, los abogados de Trump se opusieron a la mecánica legal de la demanda de James, argumentando que utilizaba un estatuto (destinado a proteger a los consumidores de ser estafados) “de una manera nunca vista”.
Trump y sus abogados argumentaron que “no había víctimas ni pérdidas”.
Sostuvieron que el caso nunca debería haber llegado a juicio, que la ley de prescripción excluía algunas alegaciones y que el estado no debería vigilar las transacciones comerciales privadas.
También argumentaron que la sentencia es un desastre para la economía de Nueva York, ya que da a la oficina del fiscal general “un poder ilimitado para atacar a cualquiera”.
Los abogados del estado, en defensa del estatuto de limitaciones, argumentaron que la ley faculta al fiscal general para actuar contra la conducta empresarial fraudulenta, independientemente de si directamente “se dirige a los consumidores, pequeñas empresas, grandes corporaciones u otros individuos o entidades”.
También rechazaron las alegaciones de Trump que decían que el caso nunca debería haber llegado a juicio y de que el estado no debe interferir en transacciones comerciales privadas.
La División de Apelaciones programó los argumentos orales de la apelación para el 26 de septiembre. Se espera un fallo un mes después, poco antes del final de la campaña presidencial de Trump.
El resultado de la apelación podría suponer la confirmación, modificación o anulación de la sentencia de Engoron. La suma de 485 millones de dólares sigue devengando intereses mientras se desarrolla el proceso de apelación. Trump ha pagado una fianza de 175 millones de dólares para detener el cobro mientras apela.
En caso de que se confirme la sentencia, Trump y sus hijos serán responsables de la suma total.
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