Una fiscal anticorrupción peruana pidió que se imponga una condena de 16 años de cárcel al líder y fundador del partido gobernante Perú Libre, Vladimir Cerrón, por la presunta comisión del delito de colusión agravada cuando fue gobernador de la región central de Junín (2011-2014).
Cerrón, un médico cirujano de 50 años, es el secretario general de Perú Libre, el partido en el que milita el presidente Pedro Castillo y también tiene la primera minoría en el Congreso peruano.
La medida fue solicitada el pasado 27 de agosto por la fiscal Mary Huamán, de la fiscalía anticorrupción de Junín, ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo, según reveló este viernes el diario El Comercio, que tuvo acceso a documentos del caso.
En la petición, la fiscal acusó a Cerrón de haberse coludido con representantes de un consorcio privado para entregar, a fines de diciembre de 2014, el proyecto de construcción y mejoramiento de un hospital, planificado con una inversión de más de 150 millones de soles (unos 36.5 millones de dólares).
El rotativo añadió que en el requerimiento de acusación también se ha incluido a exfuncionarios del gobierno regional de Junín, así como a dos arquitectos y un empresario, mientras que otras personas fueron acusadas de la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y negociación incompatible.
El contrato para la construcción del hospital El Carmen, de Huancayo, la capital de la región Junín, fue firmado el 19 de diciembre de 2014, dos semanas antes de que concluyera la primera gestión de Cerrón, quien volvió a ser gobernador de esa región en 2018, pero fue suspendido del cargo al año siguiente tras ser condenado a 4 años de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) por el delito de negociación incompatible.
La fiscal Huamán también ha solicitado 2 años y 11 meses de prisión para Cerrón por la presunta comisión del delito de malversación de fondos por el supuesto manejado irregular del presupuesto para una obra de reforestación en su región.
Otro fiscal de Junín, Carlos Mera, abrió una investigación preliminar contra Cerrón por presunta negociación incompatible, luego de que medios locales denunciaran que recibió un resguardo policial indebido, ya que no ocupa ningún cargo público.
Mera, de la Primera fiscalía provincial anticorrupción de Junín, investigará durante 120 días el presunto pago de bonificaciones por 30,000 soles (unos 7317 dólares) a un suboficial que dio seguridad a Cerrón, a pesar de que estaba designado para cumplir esa función con el actual gobernador regional, Fernando Orihuela, según detallaron los documentos publicados este viernes por El Comercio.
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