La fiscalía del distrito de Manhattan pidió aclaraciones a la orden de silencio del expresidente Donald Trump el 28 de marzo, una medida que los acusados argumentan en una carta de respuesta al juez que solo ampliaría la orden.
«Este tribunal debería dejar muy claro que la orden del 26 de marzo protege a los miembros de la familia del tribunal, al fiscal del distrito y a todos los demás individuos mencionados en la orden», argumentaron los fiscales en la carta del 29 de marzo.
«Dicha protección está ampliamente justificada».
Un día después de que el juez de la Corte Suprema de Nueva York Juan Merchan emitiera una orden de mordaza que prohíbe al expresidente Trump hacer declaraciones sobre jurados, posibles jurados, testigos, personal del tribunal, abogados y sus familias «si esas declaraciones se hacen con la intención de interferir materialmente con… el trabajo del abogado o del personal en este caso criminal, o con el conocimiento de que es probable que tal interferencia resulte».
El expresidente Trump arremetió contra el juez en las redes sociales al tiempo que mencionaba, pero no nombraba, a la hija del juez.
El juez Merchan preside un caso penal estatal en el que el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg está procesando al expresidente Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales.
Los medios de comunicación cubrieron las declaraciones al tiempo que señalaban que la orden, al igual que la orden federal de silencio contra el expresidente Trump en la que se basaba, no prohibía las declaraciones sobre el juez o el fiscal del distrito.
Los fiscales argumentaron que esto era incorrecto; y solicitaron al juez que actualizara la orden de mordaza para «aclarar o confirmar» que la orden prohibiría las declaraciones sobre los familiares del juez, el fiscal de distrito y otros en la orden.
La solicitud no era una moción formal, sino una carta de una página al tribunal, ya que el juez ha ordenado que no se presenten nuevas mociones sin obtener primero permiso del tribunal en aras del tiempo.
El juez Merchan ha fijado el 15 de abril como fecha de inicio del juicio.
Declaración impugnada
«La gente cree que la orden del 26 de marzo se lee correctamente para proteger a los miembros de la familia del tribunal», escribieron los fiscales.
El expresidente Trump había afirmado que el juez sufría de «un caso agudo de Síndrome de Derangement de Trump» y añadió entre paréntesis que la hija del juez «representa a Crooked Joe Biden, Kamala Harris, Adam «Shifty» Schiff y otros liberales radicales, acaba de publicar una foto mía entre rejas, su objetivo obvio», sin nombrarla.
La afirmación no era nueva, ya que los abogados de la defensa habían presentado un argumento similar el año pasado al solicitar la recusación del juez.
El juez Merchan declinó recusarse del caso el pasado agosto después de que la defensa argumentara que era parcial por varias razones, entre ellas que su hija Loren Merchan dirige una agencia de marketing que ha trabajado para candidatos demócratas, incluido el vicepresidente Harris.
La defensa también había argumentado que el juez había hecho contribuciones de campaña en las elecciones de 2020 y que tuvo un papel en un caso anterior al «alentar» al exdirector financiero de la Organización Trump Allen Weisselberg, que se había declarado culpable de fraude fiscal criminal en 2022, a cooperar contra el presidente Trump.
El juez consideró que estos no apuntaban a parcialidad y no justificaban la recusación.
La publicación del presidente Trump en las redes sociales se refería explícitamente a la orden de mordaza, que tachó de «ilegal, antiestadounidense, anticonstitucional» y «viciosa».
Afirmó que el juez «sigue tratando de quitarme mis derechos» y «está tratando injustamente de privarme de mi derecho de la Primera Enmienda a hablar en contra de la militarización de la aplicación de la ley, incluyendo el hecho de que el corrupto Joe Biden, Merrick Garland y sus secuaces y matones me están rastreando y siguiendo por todo el país, tratando obsesivamente de perseguirme, mientras que todo el mundo sabe que no he hecho nada malo».
En las audiencias del año pasado, el juez Merchan se negó a emitir una orden de silencio a petición de la fiscalía, señalando la importancia de los derechos de la Primera Enmienda. Sin embargo, advirtió a las partes de que no hicieran declaraciones incendiarias relacionadas con el caso y dijo que podría volver a examinar la orden más adelante.
El juez dice ahora que el riesgo del discurso del expresidente Trump es «primordial» con la fecha del juicio del 15 de abril acercándose rápidamente.
La orden llega después de que dos órdenes de silencio separadas sobre el presidente Trump hayan sido confirmadas por paneles de apelación.
Aclaración
El fiscal del distrito argumentó que, al solicitar la orden de silencio, señaló específicamente otra publicación en las redes sociales que el expresidente Trump había hecho sobre él, mencionando también a la esposa del fiscal del distrito.
Ambas declaraciones afirmaban que el fiscal de distrito y su familia eran partidistas y que estaba políticamente motivado para enjuiciar al presidente Trump.
Los fiscales argumentaron que los participantes en el juicio tienen «preocupaciones objetivamente razonables sobre su seguridad y la de sus familiares», y que el discurso del expresidente Trump podría afectar a su comportamiento.
«Además, ‘la resaca generada por tales declaraciones no se detiene con el individuo nombrado. También es muy probable que influya en otros testigos’ y en otros participantes en el juicio», escribieron al juez.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el presidente Trump había interpretado la orden de silencio de la misma manera que el público, señalando artículos de noticias donde los miembros de los medios afirmaban que la orden de silencio no se aplicaba al juez o al fiscal del distrito.
«Contrariamente a lo que sugiere la gente, el tribunal no puede ‘ordenar’ al presidente Trump que haga algo que la orden de silencio no exige», argumentó la defensa.
Modificar la orden de silencio sería ampliarla, en cuyo caso la defensa pidió celebrar otra vista.
«Dicha audiencia abordaría, entre otras cosas, los problemas constitucionales relacionados con cualquier restricción indebida adicional sobre el discurso de campaña protegido —que implicaría derechos de la Primera Enmienda que pertenecen no solo al expresidente Trump, sino también al público— donde el miembro de la familia al que se hace referencia en la carta previa a la moción está apoyando activamente el discurso de campaña adversario de los oponentes políticos del expresidente Trump», decía la carta de respuesta.
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