El fiscal José Domingo Pérez presentó este martes la acusación final y definitiva, de más de 4600 páginas, del denominado «Caso Cócteles» que se sigue contra la líder opositora Keiko Fujimori. y otros personajes por presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
En una audiencia virtual celebrada esta mañana, Pérez cumplió con el plazo que había establecido el juez Víctor Zúñiga para presentar una sola acusación que contenga todas las precisiones y observaciones planteadas a lo largo del proceso por el magistrado y los abogados de las más de 40 personas implicadas en este caso.
Se trataba de la segunda vez que Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenaba a Pérez que cumpliese con subsanar las imprecisiones de la acusación que presentó en marzo de 2021, cuando solicitó más de 30 años de cárcel para Fujimori tras una investigación que se prolongó durante más de dos años.
«Se han hecho las precisiones, aclaraciones y correcciones de las imputaciones, respecto a cada uno de los acusados en relación a cada uno de los delitos de la acusación», comentó durante la audiencia el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, quien detalló que el documento tiene 4600 páginas.
La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) está siendo investigada como parte de una presunta organización criminal conformada al interior de su partido, Fuerza Popular, para captar y ocultar fondos supuestamente recibidos de manera irregular para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Entre las aportaciones investigadas está un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y unos 3.65 millones de dólares de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú.
La acusación fiscal se formuló por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En junio pasado, la Corte Suprema peruana rechazó un recurso presentado por la Fiscalía para que se ordenara el regreso a prisión preventiva de Fujimori, quien por este caso ya cumplió un primer período de prisión preventiva desde noviembre de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su liberación en noviembre de 2019.
Sin embargo, en enero de 2020 el Poder Judicial dictó otros 15 meses adicionales de prisión preventiva en su contra, que cumplió hasta mayo de ese año, luego de que un tribunal de apelaciones ordenara su excarcelación tras el pago de una fianza de unos 20,500 dólares.
Fujimori abandonó la prisión en el momento más crítico del pandemia de la covid-19 en Perú y después de que denunciase el riesgo de contraer la enfermedad, al igual que las presas que permanecían en esos momentos en la hacinada cárcel de mujeres de Lima.
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