Fiscales federales han acusado a un hombre de Georgia por su presunto papel en un plan para defraudar a los programas federales y privados de beneficios de atención médica mediante la presentación de reclamos de pruebas fraudulentas para COVID-19 y exámenes genéticos de cáncer.
Erik Santos, de 49 años, ha sido acusado de solicitar y recibir sobornos por pruebas médicas innecesarias, incluyendo pruebas para COVID-19, según el Departamento de Justicia (DOJ). Fue imputado con un cargo de conspiración para violar el Estatuto Anti-Sobornos, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, y un cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
«La demanda en este caso describe a un acusado que vio la propagación de COVID-19 como nada más que una oportunidad de beneficiarse personalmente», dijo el fiscal Craig Carpenito en un comunicado.
«Como alega la queja, ofreció sobornos a cambio de pruebas médicamente innecesarias, incluidas pruebas de COVID-19 potencialmente difíciles de obtener, aprovechando así el miedo de la gente para defraudar al gobierno y ganar dinero para sí mismo», agregó.
Los fiscales alegaron que el esquema a gran escala se remonta a noviembre de 2019, que se formó para defraudar al programa Medicare financiado con fondos federales, que proporciona beneficios de seguro médico para personas de 65 años o más y ciertas personas discapacitadas. Santos, quien dirigía una compañía de mercadeo que llevó a las personas a las compañías de pruebas, recibió pagos ilegales por referir a personas elegibles para las pruebas que Medicare reembolsaría, según documentos judiciales.
Santos inicialmente se benefició de recibir sobornos por enviar pruebas genéticas de detección de cáncer a centros de pruebas de diagnóstico, independientemente de la necesidad médica, dijeron los fiscales. El acuerdo se amplió para incluir las pruebas de COVID-19 después de febrero de 2020, que a menudo eran paquetes con pruebas respiratorias más costosas.
Esto fue durante una época en que el país y el mundo estaban preocupados por la pandemia del virus del PCCh (partido comunista chino) que había devastado vidas y economías en todo el mundo.
«Santos buscó maximizar sus ganancias de soborno y desangrar los recursos federales de atención médica en un momento en que los beneficiarios de Medicare en Estados Unidos tenían una gran necesidad de cobertura para tratamiento y servicios médicos», alegó el Departamento de Justicia, y agregó que el plan de Santos tenía como objetivo presentar más de 1.1 millones de dólares en reclamos fraudulentos a Medicare.
Los fiscales dijeron que Santos explicó cómo veía la pandemia como una oportunidad para ganar dinero en una llamada telefónica del 19 de marzo.
«[Mientras] hay personas pasando por lo que están pasando, puedes ir a la quiebra o prosperar», dijo supuestamente Santos durante la llamada. En la misma llamada, también señaló que su otro trabajo estaba en espera porque «todo el mundo ha estado persiguiendo al pájaro dólar Covid».
El agente a cargo especial Gregory Ehrie del FBI Newark comparó el esquema con «recibir dinero ensangrentado».
«Es lamentable que tengamos personas en nuestro país que capitalicen el sufrimiento de los demás para ganar dinero», dijo Ehrie. «Este acusado no solo supuestamente defraudó al gobierno, sino que conspiró para estafar a sus conciudadanos de un recurso valioso que está en alta demanda».
El 16 de marzo, el fiscal general William Barr dio instrucciones a los fiscales estadounidenses en todo el país para priorizar los enjuiciamientos e investigaciones de defraudadores, estafadores y ciberdelincuentes que buscan aprovechar el pánico público sobre el virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo brote de coronavirus.
Dijo a los fiscales federales que «prioricen la detección, investigación y enjuiciamiento de toda conducta criminal relacionada con la pandemia actual».
«La pandemia es lo suficientemente peligrosa sin que los malhechores busquen beneficiarse del pánico público, y este tipo de conducta no puede ser tolerada», dijo Barr en el memorándum.
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