Las fiscalías de la Región Metropolitana de la capital chilena pedirán prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y que no cuenten con documentos de identidad, hasta que se pueda comprobar «de manera efectiva» quiénes son.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, lo anunció este jueves después de reunirse de manera extraordinaria con los cuatro responsables territoriales del Ministerio Público en la Región Metropolitana de Santiago, tras la muerte del tercer policía en servicio en menos de un mes, en la madrugada de este jueves en la comuna de Santiago.
«Todos los fiscales de la Región Metropolitana van a solicitar que aquellos imputados extranjeros que sean detenidos, cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente, se mantengan en prisión preventiva hasta que se pueda establecer su identidad», expresó Valencia.
Valencia aseguró que pedirán al Gobierno avanzar en reglas «más claras y precisas» para identificar a los migrantes detenidos tras cometer un delito: «Tenemos un problema grave con extranjeros indocumentados que no cuentan con cédula nacional de identidad o una cédula para extranjeros», dijo.
El Ministerio Público también exigió al Ministerio de Justicia de Chile que «adopte todas las medidas y se apuren todas las diligencias necesarias para contar con un sistema eficaz» para esclarecer delitos graves.
El fiscal nacional acordó con sus homólogos en la Región Metropolitana agilizar las investigaciones en contra de los acusados por delitos de homicidio en la capital chilena, y mejorar el intercambio de información a través de un grupo de trabajo especial que formarán para compartir antecedentes de acusados.
El ministro chileno de Justicia, Luis Cordero, desde el palacio presidencial de La Moneda en la tarde de este jueves, aseguró al respecto que mejorarán la coordinación con el Registro Civil para las comprobaciones de la identidad de los extranjeros, al menos en la capital, pero advirtió que la ocupación en los centros penitenciarios chilenos va en aumento.
«El número de personas privadas de libertad ha ido en aumento sostenido, en el último año en particular, y las proyecciones son equivalentes para los meses que siguen e inicios del próximo año. Estamos habilitando nuevas plazas, pero es evidente que estamos en una situación de crecimiento de internos», expresó el ministro.
El policía que falleció esta madrugada estaba casado con otra agente del cuerpo de Carabineros, que está embarazada de cinco meses y con quien también tiene un hijo de cuatro años.
La muerte del agente coincide con la aprobación en el Parlamento de una polémica ley de seguridad -Ley Naín-Retamal- que entrega mayor libertad de maniobra a Carabineros en el uso de las armas de fuego, y que el Gobierno promulgó en tiempo récord junto con otras medidas para combatir la inseguridad.
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