Las fiscalías de 21 estados, además de Puerto Rico y el distrito de Columbia, han rechazado un acuerdo de 18,000 millones de dólares con las empresas farmacéuticas que buscaban zanjar su responsabilidad en la «crisis de los opioides», informó este viernes The Wall Street Journal (WSJ).
Fabricantes de medicamentos, distribuidores y farmacias minoristas se han enfrentado a lo largo de los últimos años a más de 2000 demandas de las administraciones estadounidenses, que alegan que la comercialización agresiva de analgésicos recetados en la industria y la falta de supervisión contribuyeron a la adicción a los opioides.
Hasta la fecha, los opioides han causado la muerte de más de 400,000 personas desde 1999, según estadísticas federales.
Según el WSJ, por ahora, los fiscales buscan un acuerdo más cuantioso y que el pago se realice en menos de los 18 años previstos por la industria farmacéutica, según se expone en una carta enviada a las compañías implicadas.
«Algunos estados están buscando entre 22,000 y 32,000 millones de dólares pagados en menos de 18 años», aseguraron fuentes conocedoras de las negociaciones al diario, que añaden que si bien no es voluntad de los estados «llevar a la bancarrota» a las farmacéuticas, sí que creen que es posible que contribuyan con fondos adicionales a los que ya han ofrecido.
Los demandantes alegaron que los distribuidores no implementaron sistemas adecuados para detener los pedidos «sospechosos» de medicamentos cuando la epidemia de opioides salió a la luz.
Sin embargo, las compañías responden que sirvieron como intermediarios, que siguieron las regulaciones federales y que durante mucho tiempo han implementado «sistemas robustos para vigilar pedidos sospechosos».
Durante el proceso de negociación, algunos estados como Carolina del Norte, Texas, Tennessee o Pensilvania se han mostrado más proclives a cerrar el acuerdo en los 18,000 millones ofrecidos.
Por su parte, empresas implicadas como McKesson señalaron que continúan centradas en alcanzar un acuerdo global que sirva para proveer con «fondos inmediatos» de miles de millones de dólares, que supondrían un «alivio» a los estados y a las comunidades locales.
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