Catorce fiscales generales demócratas respaldan al gobierno mexicano en una demanda contra los fabricantes de armas estadounidenses.
El 31 de enero, la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, presentó un escrito en el caso México v. Smith & Wesson, junto con otros 13 fiscales generales, todos demócratas, en el que argumentan que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), una ley federal, no puede utilizarse para impedir que los fabricantes y distribuidores de armas sean demandados en virtud de las leyes estatales de consumo.
“Instamos a la Corte a que reconozca que los traficantes, fabricantes y distribuidores de armas pueden ser responsables según las leyes estatales por la forma en que comercializan y venden sus productos”, dijo Healey en un comunicado.
En el caso México v. Smith & Wesson ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts, el gobierno mexicano nombró a los fabricantes de armas Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett.
El mayorista de armas Interstate Arms, con sede en Boston, también se encuentra entre los acusados.
México alegó en el caso que el tráfico de armas de Estados Unidos a México no es “un fenómeno natural”, y que los fabricantes de armas tienen la culpa.
“Los acusados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de manera que saben que arman rutinariamente a los cárteles de drogas en México”, afirmó el gobierno mexicano.
Los demandados refutaron al gobierno mexicano en una moción conjunta de desestimación, diciendo que no ayudaron a contrabandear las armas de fuego a México.
Tampoco pueden ser demandados por la protección que les ofrece el PLCAA, dijeron.
México no estuvo de acuerdo con ambos argumentos y dijo que la PLCAA no prohíbe que los gobiernos extranjeros demanden a los fabricantes de armas estadounidenses.
El tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México por parte de los cárteles mexicanos de la droga y por otros grupos del crimen organizado transnacional ha sido durante mucho tiempo un problema en la frontera sur, en parte porque la ley mexicana restringe severamente la posesión de armas.
Alrededor del 70 al 90 por ciento de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos, según el gobierno mexicano.
En enero, seis personas fueron acusadas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles por proporcionar armas de fuego de alto poder y más de 250,000 rondas de municiones para rifles a los cárteles mexicanos de la droga.
Los sospechosos supuestamente obtuvieron armas de fuego en Oregón y Nevada y las contrabandearon a México.
Según los informes, también obtuvieron municiones de varios estados y las entregaron a Nevada antes de que fueran transportadas a México, según la acusación.
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