Un grupo bipartidista de 42 fiscales generales de estados y territorios de EE. UU. pide al Congreso que exija advertencias del director de Salud en las plataformas de redes sociales basadas en algoritmos. Esta iniciativa busca mejorar la salud mental de los jóvenes estadounidenses.
Los fiscales generales de 39 estados, el Distrito de Columbia, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de EE.UU. enviaron una carta el 9 de septiembre a líderes del Congreso. Dirigieron la misiva al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano de Luisiana), al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (demócrata de Nueva York), y al líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (republicano de Kentucky).
Esta acción sigue al llamamiento que hizo en junio el director de Salud de EE.UU., Vivek Murthy, para colocar etiquetas de advertencia en las redes sociales. Murthy afirmó que una etiqueta de advertencia, que requiere la aprobación del Congreso, recordaría periódicamente a padres y adolescentes que no se ha demostrado que las redes sociales sean seguras. Añadió que etiquetas similares en productos de tabaco han aumentado la concienciación y cambiado comportamientos.
«Nosotros, los fiscales generales de los 42 estados abajo firmantes, apoyamos el reciente llamamiento del director de Salud de Estados Unidos», afirma la carta. «Los jóvenes enfrentan una crisis de salud mental, alimentada en gran parte por las redes sociales».
Los fiscales generales citaron investigaciones que relacionan el uso de redes sociales con el aumento de tasas de depresión, ansiedad e ideación suicida entre adolescentes. También mencionaron estudios que muestran cómo las redes sociales perturban el sueño, fomentan la insatisfacción corporal y promueven las autolesiones.
En su llamado a la acción, los fiscales generales señalaron que algunos estados ya han tomado medidas para abordar el problema. Por ejemplo, 41 estados y el Distrito de Columbia han presentado demandas contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, por supuestamente empujar a los jóvenes usuarios a niveles peligrosos de participación en la plataforma.
Otros estados, como Arkansas, Indiana e Iowa, han iniciado acciones legales similares contra TikTok por violar leyes de protección al consumidor. Sin embargo, la carta subraya que estos esfuerzos estatales por sí solos no bastan.
Los fiscales generales argumentan que, aunque una etiqueta de advertencia no resolvería el problema completamente, representaría un paso crucial para mitigar los riesgos para los jóvenes. Sostienen que estas advertencias aumentarían la conciencia pública, estimularían la investigación y fomentarían una mayor supervisión regulatoria de las empresas de redes sociales.
Varios estados ya han promulgado leyes relacionadas. Por ejemplo, Tennessee aprobó recientemente la Ley de Protección de Menores frente a las Redes Sociales, que exige el consentimiento paterno para que los menores creen cuentas en redes sociales. California ha implementado leyes que requieren que las plataformas evalúen y mitiguen los posibles daños a los niños. A pesar de estos esfuerzos, la carta enfatiza que se necesita acción federal para crear una norma coherente a escala nacional.
Los fiscales generales concluyeron su carta reforzando la naturaleza bipartidista de la preocupación y la urgencia del asunto. Citaron medidas legislativas recientes, como la aprobación de la Ley de Seguridad Infantil en Internet y la Ley de Protección de la Privacidad Infantil y Adolescente en Internet, como prueba del compromiso del Congreso para abordar estas cuestiones.
Los estados que se unieron a los tres territorios firmantes de la carta fueron Alabama, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming.
Aunque en la carta se mencionaban Iowa y Nebraska como ejemplos de estados que aplican políticas a nivel estatal, no figuraron como signatarios de la misma.
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