El Ministerio Público de Perú abrió este lunes una investigación preliminar contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jenifer Paredes, después de que un programa dominical de televisión revelara un vídeo en el que aparecía presuntamente ofreciendo una obra de saneamiento en Cajamarca, la región oriunda del mandatario.
«La 1a Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo del fiscal Jony Peña, abrió una investigación preliminar contra Jenifer Paredes, hermana de la primera dama, Lilia Paredes», escribió en Twitter el Ministerio Público.
Esta decisión llega apenas unas horas después de que el programa «Cuarto Poder», de la cadena América Televisión, divulgara la noche del domingo unas imágenes en las que Paredes, quien ha sido criada como una hija por la pareja presidencial, dialogaba con los pobladores de una comunidad del distrito de Chota, en Cajamarca, para informarles que necesitaba censarlos para construir una obra de saneamiento.
Según la investigación periodística, la cuñada de Castillo aparece en el video junto a Jhony Espino, quien es gerente y socio fundador de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., que en setiembre de 2021 ganó una licitación con el Estado por más de 3.8 millones de soles (casi un millón de dólares).
Además, el programa detalló que Espino registraba cinco visitas en Palacio de Gobierno entre los meses de agosto y noviembre del año pasado, una de ellas con Paredes y la esposa del presidente.
A raíz de esta revelación, el titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el fujimorista Héctor Ventura, declaró a la prensa local que el grupo parlamentario citará en los próximos días a la cuñada del presidente e investigará también sus presuntos actos ilícitos.
El último jueves, esta misma comisión aprobó un informe que acusa a Castillo de dirigir una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que también se ha implicado a otros personajes vinculados con su gestión, que están prófugos de la Justicia.
El expediente, que plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, será votado por el pleno del Legislativo en una fecha aún no definida aunque, con los votos a favor de la oposición, todo apunta a que recibirá luz verde.
Castillo está siendo investigado de manera preliminar por el mismo caso por la Fiscalía de la Nación, bajo la presunción de haber cometido los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada al encabezar esta red criminal que supuestamente operó desde el Ministerio de Transportes para organizar la adjudicación de obras del Estado a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
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