La fiscal de la nación (general) de Perú, Patricia Benavides, abrió este jueves una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo y el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, por un presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, la sexta iniciada contra el mandatario.
Según el anuncio hecho por el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, el objeto de la investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota en la región Cajamarca, de donde Castillo es oriundo, y de Cajatambo en la región Lima.
De acuerdo a la tesis fiscal, Alvarado coordinaba, con conocimiento del mandatario, la adjudicación de obras de infraestructura a empresas de conocidos de Castillo, en forma ilegal, y, específicamente, a una compañía en la que trabajaba la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes, detenida el miércoles en Lima.
Paredes, que fue criada por Castillo como una hija, se entregó el miércoles en la Fiscalía acompañada por un nutrido grupo de ronderos (vigilantes campesinos) que llegó a Lima, de Cajamarca y otras regiones, para reunirse con el mandatario en el Palacio de Gobierno.
Posteriormente, durante un acto con dirigentes sociales en Lima, Castillo declaró que habían «golpeado» a su familia «seriamente» con la detención de Paredes, un día después de la captura de dos empresarios y un alcalde distrital de Cajamarca.
«A mis padres, a mis hermanos, a mis hijos y sé que a día de hoy, en ese momento, Yenifer está pernoctando en el piso. Es parte de la lucha, es parte de la vida política en el Perú», expresó Castillo.
Con la nueva investigación de la Fiscalía, el gobernante acumula seis denuncias, cinco de ellas por presunta corrupción, cometidas supuestamente durante su gobierno, que comenzó en julio de 2021.
Alvarado, que actualmente ocupa la cartera de Transportes, es el segundo ministro implicado en estos casos, dado que el exministro de Transportes Juan Silva está actualmente prófugo de la Justicia.
Los legisladores comentaron este jueves que la investigación abierta por Benavides responde a las declaraciones hechas por Castillo que atribuyó las denuncias a una presunta persecución política de sus opositores, la prensa y el sistema judicial.
El legislador Alejandro Soto, de la conservadora Alianza para el Progreso, dijo a la prensa que Castillo «está tratando de levantar al pueblo» contra los otros poderes del Estado y que es «intolerable» que tenga una sexta investigación en curso.
Su compañero de bancada Roberto Chiabra agregó que Castillo «no puede tener un mensaje de división» porque es «una incitación a la violencia» hacia los operadores de la justicia.
Asimismo, la legisladora izquierdista Ruth Luque le pidió al mandatario «actuar con responsabilidad política».
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