La Fiscalía acusó este lunes de «genocidio» a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, a tres exministros y varios exjefes militares y policiales por la muerte de una veintena de civiles durante la crisis de 2019 y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de prisión.
El fiscal general, Juan Lanchipa, informó en una rueda de prensa que «se han concluido las investigaciones» en los casos de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y en Senkata, un barrio en la ciudad de El Alto, urbe vecina de La Paz, por lo que las comisiones de fiscales «se encuentran presentando» la acusación por esos sucesos ante los tribunales.
Lanchipa dijo que por las muertes en Sacaba (10) y Senkata (10) «se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad» por «genocidio», porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Entre los acusados están Áñez, los exministros de Defensa, Gobierno (Interior) e Hidrocarburos, Luis Fernando López, Arturo Murillo y Víctor Hugo Zamora, respectivamente, y alrededor de una treintena de excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
En Sacaba, durante una acción conjunta de militares y policías contra un grupo de manifestantes el 15 de noviembre de 2019, se estableció que Añez «tomó contacto con el alto mando de las Fuerzas Armadas en el instante mismo del operativo» y asumió el «control absoluto» de esa acción, dijo el fiscal general.
El Ministerio Público apuntó que los comandantes militares y policiales «ordenaron» la participación de grupos especializados «muñidos con armamento y munición bélica».
Asimismo, el 19 de noviembre de ese año en Senkata, durante un operativo en la planta de combustible homónima, se ejecutó un plan de «exfiltración de combustible» mientras en la zona se realizaban «numerosas movilizaciones» contrarias al Gobierno de transición.
Lanchipa dijo que tras esa acción militar y policial se ejecutaron «31 acciones desproporcionadas de represión a través de armas y municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados» contra «manifestantes civiles desarmados».
La operación fue «ejecutada» por los exministros López, Murillo y Zamora «con aquiescencia de Jeanine Áñez, quien tenía en ese momento pleno control de las fuerzas del orden y seguridad del Estado», agregó.
La Fiscalía General inicialmente remitió la proposición acusatoria por los casos de Sacaba y de Senkata al Parlamento boliviano en agosto de 2021, para que se siga un juicio de responsabilidades contra Áñez como exmandataria.
Sin embargo, un par de tribunales en las jurisdicciones de La Paz y Cochabamba se declararon competentes para seguir esos procesos por la vía ordinaria.
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso llamado «golpe de Estado II», en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
La exmandataria interina Añez, detenida desde marzo de 2021, afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, según sus abogados.
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