La Fiscalía boliviana pidió otros seis meses de prisión preventiva para la expresidenta interina Jeanine Áñez dentro de un nuevo proceso iniciado por la supuesta designación irregular de una funcionaria en una entidad estatal durante su gestión transitoria.
En las redes sociales de Áñez, administradas por sus familiares, se publicó una parte del documento en que el Ministerio Público requiere la «detención preventiva» de la exmandataria «por el transcurso de seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores», donde se encuentra recluida desde marzo pasado por otros procesos.
«Según la ley nadie debe ir preso por designar a un funcionario, menos una expresidenta, pero los fiscales tienen la orden de torturar, maltratar y seguir vulnerando la integridad de Jeanine Áñez pidiendo nueva detención preventiva», es el mensaje que acompaña la publicación del documento.
Según la ley nadie debe ir preso por designar a un funcionario, menos una ex Presidenta, pero los fiscales tienen la orden de torturar, maltratar y seguir vulnerando la integridad de #JeanineAñez pidiendo nueva detención preventiva.
Machistas y abusivos como son.#Injusticia pic.twitter.com/ZVFByqbnWp— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) November 4, 2021
Los familiares de Áñez también escribieron que «machistas y abusivos como son al mantener a una mujer indefensa como presa política (…) cometiendo prevaricato y comisión por omisión sin una sola prueba de que la expresidenta tuviera que ver con el terrorismo que inventaron».
El nuevo proceso contra la expresidenta interina se refiere al supuesto nombramiento irregular de la gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020, por el que la Fiscalía le acusa de delitos como «nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones».
Áñez está encarcelada desde marzo pasado dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo, que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición por el supuesto «golpe de Estado» de 2019.
El gobierno de Luis Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), consideran que la salida de Evo Morales de la Presidencia en 2019 fue por un «golpe de Estado», mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral en beneficio del entonces mandatario en los fallidos comicios generales de ese año.
El oficialismo ha iniciado una decena de procesos en contra de Áñez, algunos por la vía ordinaria y otros juicios de responsabilidades que debe aprobar el Parlamento, aunque Morales y sus allegados consideran que estos últimos no corresponden porque eso supondría reconocer la legalidad de la transición.
La defensa de Áñez denunció la semana pasada que la intención de someterla a un proceso ordinario por el caso de la EBA es contraria a las leyes, pues el caso se refiere a que la persona que designó como gerente de esa entidad no tenía un título en provisión nacional, un requisito exigido para quienes quieran ejercer cargos públicos.
Según los defensores de la expresidenta interina, el proceso debió llevarse en el ámbito del derecho administrativo, por lo que consideran que con esta imputación se busca «abrir esta puerta judicial» para que todos los procesos que se siguen en su contra sigan la vía ordinaria y no reciba un tratamiento especial como exmandataria.
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