La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía de su país para que declare el próximo 31 de mayo en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasado.
La citación fue programada desde las 09.00 hora local (14.00 GMT) del próximo miércoles y fue confirmada hoy por el abogado de Boluarte, Joseph Campos, quien dijo que esperan «con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración».
«Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad», indicó Campos a la emisora RPP.
La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro, Alberto Otárola.
En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Aunque Campos aseguró que Boluarte tiene la intención de responder a la citación, no confirmó si la diligencia se realizará en la sede del Ministerio Público o en el Palacio de Gobierno, una prerrogativa que tiene la gobernante por su alto cargo.
«Tendremos que determinarlo», comentó antes de recordar que el día de la citación también se realiza reunión semanal del Consejo de Ministros y se ha programado un simulacro nacional de sismo.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Perú.
Señaló, además, que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la región sureña de Ayacucho debe ser investigada «con un enfoque étnico-racial» y que la situación podría ser considerada como «una masacre», algo que fue rechazado por el gobierno de Boluarte.
La presidenta acusó el pasado 13 de mayo a Castillo de ser el «autor de las más de 60 víctimas» de las protestas, que vinculó con «el narcotráfico y la minería ilegal».
«Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro Castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando», dijo.
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