La Fiscalía de Bolivia presentó este martes la acusación formal en contra de ocho personas, incluidos el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta interina Jeanine Áñez, para llevarlos a juicio por el caso conocido como ‘Golpe de Estado I’ por el delito de terrorismo por la crisis de 2019.
El fiscal Omar Mejillones, encargado del caso, informó a los medios que se presentó la acusación formal en contra del opositor Camacho, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, el exjefe militar William Kaliman y el exjefe policial Yuri Calderón en calidad de autores.
Mientras que a la expresidenta interina Áñez (2019-2020), el líder cívico Marco Antonio Pumari, el exinspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández y el exjefe militar Carlos Orellana son acusados en calidad de «cómplices».
Mejillones sostuvo que se pedirá la máxima pena de 20 años de prisión para los acusados de terrorismo en grado de autor, entre ellos Camacho.
Agregó que existen 133 pruebas documentales y 131 testificales que se ofrecen en la acusación, entre ellas extractos bancarios de Camacho con los que, según dijo, pudieron «probar» que el gobernador movió dinero cuando era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz para trasladar a personas de La Paz hacia Santa Cruz en la crisis de 2019.
También manifestó que hay un informe técnico de «cruce de llamadas» entre Camacho y el exministro López y Kaliman, al igual que facturas, transferencias de dinero, entre otros.
El abogado Martín Camacho, defensor del gobernador cruceño, indicó que aún no han sido notificados con la acusación formal y que esperarán la notificación oficial, pero consideró que se pretende «perpetuar la detención» del gobernador.
Antecedentes
El gobernador de Santa Cruz está preso preventivamente desde el 28 de diciembre pasado por este caso y otros procesos en su contra en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.
El caso Golpe I fue iniciado por la exdiputada oficialista Lidia Patty y los otros delitos por los que se los acusa son asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos, instigación pública a delinquir, entre otros.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un ‘golpe de Estado’ contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
Por este caso dos exministros de Áñez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, fueron sentenciados a dos años de cárcel en un proceso abreviado en el cual supone la admisión de culpa.
También cuatro exjefes militares se sometieron a proceso abreviado a cambio de sentencias menores en este caso.
Además de este proceso, hay otro denominado ‘golpe de Estado II’ en el que Áñez fue sentenciada a 10 años, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
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