La fiscalía de Bolivia presentó una nueva imputación penal contra Luis Fernando Camacho, quien es líder opositor y gobernador de Santa Cruz.
Esta vez las autoridades bolivianas acusan a Camacho por la presunta compra irregular de un carro bombero, el cual no habría sido entregado, según el medio estatal Bolivia TV. Se le investiga por los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
El Ministerio Público, según el medio estatal, solicitó que mientras se llevan a cabo las investigaciones del caso, el líder cruceño permanezca detenido preventivamente por 180 días en la cárcel Chonchocoro, en La Paz.
Durante las próximas horas, el juez establecerá la fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares, según el medio independiente Opinión.
La Fiscalía inició la investigación tras una denuncia sobre un fuerte incendio que afectó a más de mil comerciantes en el Mercado Mutualista, la noche del 31 de julio de 2022.
El diputado oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, fue quien realizó la denuncia el año pasado ante la fiscalía, quien habría afirmado que la gobernación firmó un contrato con una empresa “fantasma” para la compra de un carro bombero. En su denuncia Cuellar habría señalado que dicha empresa no está autorizada para la venta de vehículos, y tampoco cumplía con los requisitos.
Cuellar celebró la decisión de la fiscalía y pidió la “pena máxima” para Camacho.
“Hoy la Fiscalía imputa al señor Fernando Camacho, ya era hora que se lo condene, que se lo impute y se lo tiene que sentenciar con la pena máxima”, dijo Cuellar, según la Agencia de Noticias Fides (ANF).
El diputado oficialista habría dicho que la “corrupción venga de donde venga, no se puede tapar”. Agregó que los diputados nacionales pedirán juicio para que se sentencie al gobernador cruceño y también pidió que los otros funcionarios que faltan tienen que ser procesados.
Por su parte, uno de los abogados de Camacho, Cristopher Balcázar Jiménez, confirmó a El Deber que su representado fue imputado en el caso.
“La imputación sí existe”, dijo Balcázar al medio en una consulta telefónica. “Pero no nos han notificado, no tenemos conocimiento aún de la resolución del juez”.
Camacho permanece en “detención preventiva” en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro desde enero donde cumple el encarcelamiento por cuatro meses por el caso denominado “golpe de Estado I” relacionado con la crisis política y social de 2019, aunque la acusación se amplió a cohecho activo y seducción de tropas, que es la usurpación de mando político o militar.
Tan solo dos meses después, la fiscalía imputó a Camacho el 7 de marzo, por caso llamado “decretazo», alegando que habría firmado en 2022 el Decreto Departamental 373 donde presuntamente se designaba como gobernador suplente a uno de sus colaboradores sin aplicar la sucesión al vicegobernador Mario Aguilera, según ANF.
A Camacho, por esta segunda imputación, se le acusó de delito de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley, y manipulación informática. La fiscalía en este caso le solicitó al juez encarcelar al líder cruceño de manera preventiva por medio año.
El procesamiento por este segundo caso también se da tras un año de la denuncia presentada por el que fuera jefe de la bancada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Clemente Ramos, en contra del gobernador de Santa Cruz.
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