La Fiscalía de Ecuador solicitó el ingreso en prisión provisional para 30 detenidos por el caso denominado ‘Metástasis’, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, al que el Ministerio Público otorga un rol importante en esta presunta gran trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial para favorecer al narcotráfico a cambio de sobornos.
En una maratónica audiencia de formulación de cargos que comenzó en la tarde del jueves y que continúa hasta ahora, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pidió el encarcelamiento preventivo de todos los detenidos mientras prosiguen las investigaciones bajo los cargos de presunta delincuencia organizada.
Solo para el exjuez penal Ronald Guerrero solicitó arresto domiciliario, por ser mayor de 65 años, condición que lo exonera de ir a prisión preventiva.
El Ministerio Público también pidió en la audiencia a cargo del juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia, que las cuentas bancarias de los 31 detenidos sean retenidas y se dicte la prohibición de enajenar bienes.
Para la Fiscalía, todos los detenidos eran parte de una estructura creada en diferentes niveles del Estado y en varias provincias del país para favorecer a Leandro Norero, uno de los presuntos grandes narcotraficantes de Ecuador, asesinado el año pasado en la cárcel de Latacunga, a 70 kilómetros al sur de Quito.
Al registrar los teléfonos celulares de Norero tras su asesinato halló «evidencias» de una red de influencias y sobornos conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y cortes provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales.
Presunta planificación para comprar fallos
En el caso de Terán, la Fiscalía sostiene que en el momento de los hechos era juez de la Corte Nacional y que desde esa posición tuvo una presunta colaboración con el grupo criminal en la planificación para comprar las decisiones de los jueces nacionales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano de Norero.
Terán, en cuyo domicilio fueron hallados 25,000 dólares en billetes de 100 y 20 dólares durante el registro realizado por la Policía, anunció el jueves a través de redes sociales que ha pedido la recusación del juez Córdova al señalar que no siente «independencia ni transparencia en el proceso».
Asimismo, denunció haber recibido «un trato inhumano» durante su detención al señalar que, presuntamente, se le ha limitado la alimentación, hidratación, aseo y descanso, mientras que un abogado que dice representarlo, Iván Durazno, anticipó que solicitaría una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La detención de Terán se produce en medio de un pulso dentro de la judicatura por el proceso de selección de nuevos jueces para la Corte Nacional, mientras el correísmo busca abrir un juicio político en la Asamblea Nacional (Parlamento) para destituir a la fiscal general, que en años anteriores llevó la acusación que derivó en la inhabilitación y condena de ocho años de cárcel por cohecho que pesa sobre el expresidente Rafael Correa.
Juez pedía altas sumas por sobreseimiento
En el caso del exjuez Ronald Guerrero, este estuvo a cargo del juicio por presunto lavado de activos que se llevaba contra Norero, por lo que según la Fiscalía emitió resoluciones en favor de los procesados a cambio de sobornos.
«Este funcionario pretendía recibir altas sumas de dinero a cambio de un sobreseimiento (archivo) del referido caso», afirmó el Ministerio Público.
De forma paralela, «policías de diferentes rangos habrían colaborado con Leandro Norero, filtrando información, simulando operativos para salvaguardar sus bienes o manipulando elementos de convicción», de acuerdo a la Fiscalía.
Mientras, el general de Policía Pablo Ramírez, en su calidad de director del sistema nacional penitenciario, «habría concedido favores penitenciarios a favor de Norero».
Las detenciones se realizaron en un megaoperativo desarrollado en la madrugada del jueves, que conllevó más de 38 órdenes judiciales de detención y 75 allanamientos de viviendas en siete de las veinticuatro provincias del país, con el despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías.
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