La fiscalía de El Salvador informó este martes que decidió archivar 142 casos de muertes en las cárceles desde el inicio del régimen de excepción, contradiciendo el informe de una ONG que recientemente reveló más de 150 muertes bajo custodia, algunas de ellas por torturas.
A mediados de mayo, la ONG de derechos humanos Cristosal reveló que al menos 153 presos, la mayoría de ellos jóvenes, han muerto desde que se implementó el estado de excepción en marzo de 2022. Según el organismo, se han reportado un total de 47 personas fallecidas bajo custodia en lo que va del año hasta abril.
Sin embargo, el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, señaló que se archivaron 142 casos de personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción y que fallecieron estando en los penales.
«Actualmente llevamos archivados 142 casos que no constituyen delito de acuerdo con nuestra investigaciones», dijo Delgado. «Hemos comprobado científicamente con el auxilio del Instituto de Medicina Legal las causas de las muertes, algunas fueron por enfermedades preexistentes, otras fueron algún tipo de enfermedad», añadiendo que las autoridades prestaron el «debido auxilio» a esas personas.
“En esos casos, hasta el momento, ya tenemos comprobado que no hay un delito que perseguir por parte de la Fiscalía General de la República y por tanto los casos se encuentran archivados”, afirmó.
El informe de Cristosal, por su parte, apunta a que se registraron patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, y los cadáveres presentaban hematomas que evidenciaban golpes, heridas con objetos cortopunzantes, estrangulación, y otros signos de tortura como palizas.
Cristosal también informó que las autoridades se negaron a proporcionar información sobre los resultados de autopsias, así como la información sobre qué tipo de atención médica recibieron y sus expedientes clínicos.
En respuesta, el fiscal salvadoreño afirmó este martes que los datos de los casos que señaló la ONG en su informe, «no son los correctos».
«Esos datos de la ONG no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en ese caso Medicina Legal», dijo. «Han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica para ordenar esos datos e incluso tomando en cuenta (…) fallecimientos que se dieron dentro del sistema penitenciario antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción».
Delgado también dijo que la fiscalía está tratando «que la afectación a los derechos de los detenidos sea en lo mínimo posible», y que las investigaciones de la misma «se realizan de manera objetiva».
Este lunes, miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen solicitaron a las autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML) un informe oficial sobre las muertes bajo custodia de agentes bajo el régimen de excepción. Algunos de los familiares señalan que el IML está siendo cómplice de las muertes que están ocurriendo dentro de los penales, debido al «silencio total» sobre los casos.
Organizaciones humanitarias registraron hasta mediados de marzo al menos 5082 «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto de dicho régimen.
Mientras que la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó en la madrugada de este miércoles prorrogar por 30 días más la suspensión de algunas garantías constitucionales bajo el régimen de excepción implementado por el gobierno en su «guerra» contra las pandillas.
Con información de EFE.
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