El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala solicitó este miércoles el retiro de inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que sean investigados por supuestas anomalías en la adquisición de un sistema de transmisión de datos utilizado en los comicios de este año.
Por los supuestos delitos de «abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes», la Fiscalía pide a la Corte Suprema de Justicia que los ocho magistrados electorales sean investigados.
De acuerdo con la Fiscalía, existen «irregularidades» en el contrato con el que se adquirió el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP), utilizado en los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto.
Desde el 12 de julio, la Fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras sancionada por Estados Unidos por «socavar la justicia» del país, ha judicializado el proceso electoral y accionado contra el partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
Esta solicitud de antejuicio que la Fiscalía presentó contra las autoridades electorales se suma a la presentada el 23 de agosto, por anomalías en la inscripción del político, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, Manuel Baldizón, como candidato a diputado.
El pasado 18 de septiembre, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó a la Fiscalía que «deje de perseguir a Arévalo de León y su partido» por considerar que la investigación «carece de claridad» y tiene fines políticos.
Además, a principios de septiembre Arévalo de León denunció públicamente que la fiscal Porras encabeza un intento de «golpe de Estado», que tiene la finalidad de evitar que tome posesión el próximo 14 de enero para el periodo 2024-2028.
El académico progresista, de 64 años, ganó el balotaje el pasado 20 de agosto con 2.5 millones de votos y se convertirá en el primer presidente socialdemócrata de la nación centroamericana en 70 años.
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