La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha suspendido temporalmente la investigación de la guerra contra las drogas del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.
La oficina del fiscal general de la CPI respondió a una instancia del Gobierno de Filipinas para detener el proceso judicial y, en un documento con fecha del 18 de noviembre subido este sábado a la página web del tribunal, comunica a los magistrados que “ha suspendido sus actividades de investigación mientras evalúa el alcance y el efecto de la solicitud de aplazamiento” de Manila.
El Gobierno filipino aseguró, en una carta a la Fiscalía remitida el 10 de noviembre, que sus autoridades llevan a cabo “investigaciones minuciosas sobre todas las muertes reportadas durante las operaciones antidroga”.
La Fiscalía aseguró que solicitará “en los próximos días información adicional a Filipinas” para evaluar “el alcance y el efecto de la solicitud de aplazamiento”.
La CPI sigue el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia filipina llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los delitos relacionados con la guerra contra las drogas en Filipinas.
El paso de la Fiscalía se produce a pesar de que los jueces autorizaron el pasado 15 de septiembre una investigación por supuestas ejecuciones extrajudiciales en redadas policiales antidroga.
Los magistrados aseguraron que existen indicios de “una política de Estado” porque “hay un vínculo claro entre los asesinatos y la campaña contra las drogas del Gobierno”.
Filipinas respondió un día después diciendo que no cooperará con el tribunal y vetará la entrada de miembros de esta institución en su territorio “porque no tienen jurisdicción”.
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