Un equipo de fiscales y policías ingresó este viernes al domicilio de la ex primera ministra de Perú Betssy Chávez y a las oficinas de al menos 18 congresistas en cumplimiento de órdenes de allanamiento por su presunta vinculación con el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y con delitos de corrupción.
El abogado de Chávez, Erwin Siccha, declaró a la prensa que la también suspendida legisladora está «sumamente tranquila» porque su comportamiento procesal ha sido «intachable» hasta el momento, pues aseguró que se ha sometido a las investigaciones desde el primer día.
«Hemos aportado pruebas y presentado argumentos» a favor de Chávez, indicó su abogado en los exteriores del domicilio allanado en el distrito de Magdalena, en Lima.
Según reporta la televisión local, los integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder trabajan en el allanamiento de 41 inmuebles ubicados en las regiones de Lima, Lambayeque, Ucayali, Pasco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y La Libertad.
Mientras que Chávez es investigada por su participación en el fallido autogolpe de Castillo por los delitos de rebelión y conspiración, los legisladores son investigados por presunta organización criminal por supuestamente apoyar al gobierno de Castillo a cambio de favores políticos o prebendas, tras lo cual fueron conocidos en el entorno presidencial como «Los Niños».
Los fiscales ingresaron este viernes a las oficinas de los congresistas implicados en los edificios del Parlamento con el apoyo de la Policía Nacional.
Uno de los legisladores investigados, Edwin Martínez, del partido opositor Acción Popular, declaró a la prensa que el hecho de que visite Palacio de Gobierno no era suficiente para ser implicado en un delito, al ser consultado sobre el operativo de la fiscalía en su casa de Arequipa.
Otra de las legisladoras comprometidas, la segunda vicepresidenta del Parlamento, Silvia Monteza, escribió en su cuenta de Twitter que estaba dando todas las facilidades a los fiscales con el fin de buscar el «esclarecimiento de la verdad».
El pasado miércoles, el Congreso aprobó acusar constitucionalmente a Chávez por la presunta comisión, como coautora, del delito de rebelión y, alternativamente, de conspiración, tras lo cual la suspendió en el ejercicio de sus funciones legislativas en tanto dure el proceso penal en su contra.
Antes, Chávez pidió al pleno que apruebe la acusación para afrontar la investigación fiscal, «me allano», dijo la ex primera ministra que fue electa diputada por el partido marxista Perú Libre, que llevó a Castillo al poder en 2021.
De inmediato, manifestó su «profundo compromiso democrático» y dijo que «se requiere reconciliar a este país y para eso es prioritario que el pacto social sea producto del diálogo».
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