La fiscal anticorrupción de Perú, Karla Zecenarro, allanó este viernes las casas pertenecientes al exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y la empresaria Karelim López, investigados por supuestamente presionar a favor de una compañía para que se adjudique la construcción de una obra pública en la selva central del país.
Pacheco era uno de los colaboradores más cercanos del actual presidente Pedro Castillo, pero renunció al cargo después de la revelación de varias denuncias periodísticas que lo vincularon con presuntos actos de corrupción, como el actuar a favor de empresas que ganaron contratos con el Estado, así como supuestamente presionar para acomodar ascensos en las Fuerzas Armadas.
El exsecretario recibió un impedimento de salida del país por ocho meses a pedido de la Fiscalía, al igual que López, en el marco de una investigación por el presunto favorecimiento en una obra convocada por la oficina estatal Provías en la región selvática de San Martín.
El abogado de López, César Nakazaki, declaró a los medios locales que era razonable que se ordene un allanamiento en la casa de la empresaria en el distrito de Breña, en Lima, porque ya tiene una orden de impedimento de salida del país.
«Sería ilógico que haya una detención preliminar», agregó el abogado.
López es investigada después de la revelación de que visitó al mandatario peruano en Palacio de Gobierno, y también en una casa que usó durante la campaña electoral, en representación de una empresa que se adjudicó la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, en la región San Martín.
A raíz de la supuesta interferencia de Pacheco en los ascensos de las Fuerzas Armadas, el mandatario peruano será también interrogado por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, en una fecha que será anunciada en los próximos días.
Las presuntas interferencias del Gobierno en los ascensos de las Fuerzas Armadas fueron denunciadas por los ex comandantes generales del Ejército José Vizcarra y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro, tras haber sido cesados repentinamente y sin previo aviso por Castillo.
Los jefes de ambos institutos castrenses apenas llevaban tres meses en el cargo, ya que habían sido designados por el mismo Castillo al inicio de su mandato, cuando renovó toda la cúpula militar.
Tanto Vizcarra como Castillo denunciaron haber recibido presiones del exministro de Defensa Walter Ayala y de Pacheco, para ascender de manera irregular a una serie de militares allegados al gobernante.
Los dos altos funcionarios tuvieron que dimitir de sus cargos días después de estas denuncias, aunque en ambos casos negaron las acusaciones.
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