La Fiscalía de Perú allanó este miércoles las oficinas principales de los ministerios de Economía y de Vivienda, entre otras oficinas públicas por una presunta trama de corrupción ocurrida en 2018 que involucra a funcionarios del Gobierno nacional, así como de gobiernos regionales y de alcaldías.
El operativo contra la presunta organización criminal bautizada como «Los Gestores» se realiza de manera conjunta en tres regiones de Perú, entre ellas Lima, Junín y Loreto, con el objetivo de detener a 13 personas y allanar 36 inmuebles, según informó la Fiscalía en redes sociales.
En Loreto, también se realizaron allanamientos en las oficinas del gobierno regional y del municipio de Nauta, mientras que en Junín se intervino la sede del consistorio municipal de Janjaillo.
Durante la diligencia, se incautaron 50,000 soles (12,300 dólares) en la vivienda del gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, además de documentación que permitirá esclarecer los hechos materia de investigación.
El caso se centra en las obras entregadas en los programas de saneamiento urbano y rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento donde presuntamente se requería una comisión de 5 % del coste de la obra a los proveedores para beneficio de los funcionarios.
Hasta ahora hay once casos cerrados en los que se han detectado esta clase de irregularidades, pero «hay muchos más por explorar», señaló al Canal N el coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello.
«Esta organización criminal maneja una tipología totalmente diferente. No hay una cabeza. Hay tres ejes principales, tres núcleos modales que a su vez manejan intermediarios que hemos llamado ‘gestores’. Unos a otros se van apoyando y conforman una gran red que abarca el territorio nacional», dijo Tello.
«Hay funcionarios que están trabajando actualmente. Ha habido bienes incautados relevantes en casa de uno de ellos», sostuvo.
El fiscal manifestó que los funcionarios implicados han incurrido presuntamente en los delitos de colusión, organización criminal y tráfico de influencias, lo que conllevan penas superiores a los 15 años de cárcel.
Tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Vivienda informaron que se encuentran brindando todas las facilidades y colaboración con la Fiscalía y la Policía para que desarrollen la diligencia en sus oficinas, identificar a los responsables y aplicar sanciones.
El ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, enfatizó que los hechos investigados se remontan a 2018 y no atañen a la actual administración.
«¡Repudio a todo acto de corrupción! Investigación de la Fiscalía a hechos del 2018 permitirá extirpar malos elementos enquistados en el sector público. No dejaremos que enturbien actual gestión que tiene como bandera trabajar por el pueblo con transparencia e integridad», expresó Alvarado.
Las diligencias de la Fiscalía, que comenzaron en la madrugada, continúan hasta ahora sin que se haya revelado la identidad de los detenidos ni el número de ellos.
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