La Fiscalía de Perú anunció este miércoles que ha iniciado una investigación preliminar contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, como presunto autor de un delito contra la Administración pública.
«La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Alejandro Soto Reyes, en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública – concusión», indicó el Ministerio Público en un mensaje compartido en la red social X, antes Twitter.
El delito de concusión implica el cobro de impuestos o tasas arbitrarias por parte de una autoridad o funcionario público en provecho propio.
La investigación también comprende a una de las trabajadoras de su despacho congresal, Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, «como presunta cómplice del referido delito».
Un reportaje periodístico emitido este domingo reveló otra acusación que se suma a las que Soto ha recibido desde que asumió el cargo el 26 de julio.
Dicha investigación mostró que trabajadores del presidente del Parlamento supuestamente entregaban parte de su salario mensual a pagar publicidad en redes sociales a favor del congresista.
Este viernes, Soto dio una conferencia de prensa para defenderse de las acusaciones periodísticas y de parlamentarios por supuesta corrupción y afirmó que no tiene ninguna sentencia, ni acusación judicial pendiente.
Rechazó «categórica y contundentemente» haber recortado sueldos de sus asesores y haber recibido a proveedores en su despacho.
«No tengo ningún temor (…) No le temo a la (moción de) censura porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy probando y lo que estoy demostrando», dijo sobre la moción de censura que el congresista Roberto Sánchez ha redactado y está en proceso de recoger firmas de respaldo.
Soto, del partido conservador Alianza para el Progreso (APP), añadió que tiene «un certificado del Poder Judicial que demuestra que no registró ninguna sentencia ni proceso judicial» y se preguntó si «quieren mancillar a Alejandro Soto, o al Congreso de la República».
Tanto medios de comunicación, como congresistas han presentado una serie de denuncias referidas a presunto nepotismo por haber contratado como asesora a la hermana de la madre de su hijo recién nacido, así como haber ocultado que tenía pendiente el pago de una reparación civil por una denuncia de difamación.
Asimismo, el legislador tiene otra denuncia por haber impulsado una ley en el Congreso para que prescriban los delitos de estafa y apropiación ilícita presentados en su contra por la empresa de transportes Waynapicchu.
«Me someto a la Comisión de Ética, pero esta comisión sólo puede investigarme por los hechos, por mi actuación como congresista desde el 26 de julio de 2021. No se va a ir a investigar si construí una casa en Yucay (región Cuzco)», subrayó Soto sobre los cuestionamientos que también han surgido sobre el permiso obtenido para construir su domicilio.
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