La Fiscalía de Perú ha solicitado que las fuerzas de seguridad entreguen información «clasificada» sobre las protestas antigubernamentales que dejaron decenas de muertos entre diciembre y enero pasado, como parte de la investigación que sigue por este caso contra la presidenta Dina Boluarte y otras altas autoridades de su gobierno.
«Con esta figura se podrá obtener información sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, considerada como ‘clasificada'», señaló el Ministerio Público en un mensaje en Twitter.
Se trata de un «requerimiento de revelación de información en la investigación contra Dina Boluarte y otros, por el caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023».
«Así, de estimarse este pedido, el juez de la causa ordenaría a dichas instituciones castrenses la entrega de la información requerida», añadió la Fiscalía.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, abrió el pasado 10 de enero una investigación preliminar contra Boluarte, dos ministros y tres exministros por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Esto por las decenas de fallecidos y heridos que dejaron las manifestaciones antigubernamentales que se presentaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Estas manifestaciones se prolongaron hasta marzo pasado y, según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron en enfrentamientos, aunque, en total, se reportaron 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas 7 haitianos, perdieron la vida por acciones de protesta como el bloqueo de carreteras.
Benavides también ha incluido en esta investigación al primer ministro, Alberto Otárola, y a su antecesor, Pedro Angulo; así como al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes.
La presidenta de Perú acudió el pasado 6 de junio a la Fiscalía de la Nación para ser interrogada por Benavides, tras haber asegurado días antes que su intención era contribuir a «esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible».
En ese interrogatorio, la fiscal general estuvo asistida por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Perú.
Las protestas fueron retomadas la semana pasada por organizaciones civiles, políticas y sociales del país, sobre todo de Lima y las regiones del sur, que aseguran que persistirán hasta conseguir la salida de las actuales autoridades peruanas.
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