La Fiscalía de Perú afirmó este miércoles que en su país «se respeta el derecho a la protesta dentro del marco de protección de los derechos humanos, que excluye a los actos de violencia», por lo que reafirmó «su compromiso y obligación de prevenir y perseguir el delito».
En un pronunciamiento emitido horas antes del anunciado inicio de manifestaciones antigubernamentales en Lima, la Junta de Fiscales Supremos lamentó «las muertes ocurridas durante las protestas sociales iniciadas desde diciembre de 2022» y expresó sus «sentidas condolencias a sus familiares».
Este miércoles se elevó a 52 el total de fallecidos durante las protestas, tras la muerte de una mujer en manifestaciones en la región sureña de Puno, donde también resultó otra persona gravemente herida y se reportó ataques a la comisaría y la sede judicial del distrito de Macusani, que fueron incendiadas.
Los fiscales supremos añadieron que se han impartido «instrucciones generales y específicas» desde la Fiscalía de la Nación para asegurar una investigación de estos casos «que logre resultados objetivos, respetando los enfoques de derechos humanos e interculturalidad».
Añadió que el Ministerio Público «respeta la autonomía de los poderes y órganos constitucionales del Estado peruano» y eso le impide «la intervención en las decisiones de los órganos de gobierno y en los criterios jurídicos que adoptan los fiscales en el ejercicio de sus funciones, conforme a sus competencias» legales.
Tras los enfrentamientos de este miércoles en Macusani, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, declaró al canal N que ve «un patrón» de ataques a instituciones de seguridad y la Judicatura durante las protestas antigubernamentales.
Sostuvo que ataques similares se han presentado en otras regiones sureñas como Cuzco, Apurímac o Ayacucho, y le pidió a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, «que tome medidas, no represivas, no de sacar y disparar contra la gente, sino que tiene que buscar el justo equilibrio y poner orden».
Las protestas, que comenzaron en diciembre pasado, han dejado 42 manifestantes y un policía muerto, mientras que otras 9 personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras y manifestaciones.
Los manifestantes izquierdistas exigen la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales para este año y a una asamblea constituyente.
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