La Fiscalía tomará la próxima semana la declaración de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sobre las decenas de muertes durante las protestas antigubernamentales ocurridas entre diciembre y marzo pasados.
La Fiscalía de la Nación solicitó que la declaración se realice el 31 de mayo, pero el abogado de Boluarte pidió que se cambie para el día 1 de junio porque la fecha prevista está reservada para el simulacro nacional multipeligro.
«La presidenta de la República no va a hacer uso de ningún derecho al silencio. Ella va a decir lo que tenga que decir en un tema que es además absolutamente claro para ella, para los ministros y para los millones de peruanos», declaró a la prensa el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
En enero pasado, la Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.
La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por una declaración de Otárola.
En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Perú.
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