El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, afirmó este viernes que el organismo que dirige evalúa ordenar la captura de las personas que quedaron en libertad tras haber sido designadas por el Gobierno como voceros de paz.
La decisión se conoce horas después de que la Corte Constitucional avalara una ley aprobada el año pasado con la que se fijaron los criterios para que el Gobierno tenga acercamientos con grupos armados para su sometimiento a la Justicia.
Sin embargo, el alto tribunal no avaló que fueran nombrados voceros de paz aquellos que estaban en prisión y no tuvieran ninguna relación con los grupos armados ilegales.
Al respecto, Barbosa dijo que si «hubo decisiones del Ejecutivo que se generaron en torno a esos voceros de paz y posteriormente fueron ante los jueces, será una obligación de la Fiscalía General de la Nación (…) que evalúe la posibilidad de solicitar la orden de captura contra esas personas».
Esto «con fundamento de que se dio en una orden del ejecutivo en una norma inexequible y que al mismo tiempo dice la Corte Constitucional violó el derecho de las víctimas y la separación de los poderes públicos».
«Nosotros dijimos que no levantábamos las órdenes de captura de narcotraficantes de este país y de personas que pertenecieran a grupos armados que no tuvieran un carácter político», añadió Barbosa.
Justamente en enero, la Fiscalía le negó al Gobierno levantar las órdenes de captura contra ocho miembros del Clan del Golfo y contra ocho de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
El Gobierno defendió entonces que la Ley 2272 de 2022 facultó al Presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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