La fiscalía colombiana niega a suspender órdenes de captura contra miembros de guerrillas a pedido del gobierno de Gustavo Petro bajo su política de «paz total» con el fin de facilitar los diálogos con los grupos.
El alto comisionado para la paz en Colombia, Danilo Rueda, habría enviado una comunicación dirigida al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el pasado 11 de enero. En la comunicación, solicita la suspensión de ocho órdenes de captura, bajo la política de la “paz total”, según la revista Semana.
“La fiscalía general de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el presidente de la República como miembros-representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, dice la respuesta de la Fiscalía General de la Nación en un documento compartido por la revista.
Las AGC también conocidos como Clan del Golfo, surgieron del movimiento paramilitar colombiano y se convirtieron en una fuerza criminal dominante en Colombia, según el grupo de investigación criminal InsightCrime.
La fiscalía señala que una de las razones de la negativa se debe a que la ley no autoriza “al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados (GAO) sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, señala. “En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”.
Los miembros para los que continúa la orden que de la AGC serían: Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo; Jose Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito; Alexander Celis Durango, alias Byron; y Jorge Emilson Córdoba Quinto, alias Negro Perea, según el medio El Tiempo.
Y los vinculados a ACSN, serían Fredy Castillo Carrillo, Carmen Evelio Castillo Carrillo, José Luis Pérez Villanueva, Norberto Quiroga Poveda, John Rafael Salazar Salcedo, Cesar Gustavo Becerra Gómez, Eduar Castaño Morales y a Santiago Rafael Pertuz Caballero.
También agrega que estos grupos guerrilleros no tienen estatus político y tampoco son delincuentes políticos.
Ya que señala “el delito político tiene ocurrencia cuando se atenta contra el régimen constitucional y legal vigente en búsqueda de un nuevo orden”. Agregando que los actos criminales cometidos por las personas vinculadas a ACSN y AGC no pueden ser considerados delitos políticos.
“Los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición”, se lee.
También señaló que la instancia de “alto nivel” que envió las resoluciones, “no especifica” la categoría de las ACSN y AGC bajo la Ley 2272 de 2022. La ley señala que la instancia se crearía para caracterizar a las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
La respuesta también señaló que el hecho que un Fiscal General de la Nación pueda emitir la suspensión de medidas penales que fueron tomadas por los jueces de la República limita los “principios de separación de poderes y autonomía judicial”.
Esto ocurre luego de que el último día de diciembre de 2022, el mandatario colombiano diera a conocer que el gobierno acordó un cese bilateral con grupos guerrilleros colombianos, incluidas las AGC y ACSN, con el fin de lograr su política de la “paz total”.
“Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”, dijo Petro en Twitter en ese momento.
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