La Fiscalía de Perú formalizó este lunes una investigación preparatoria contra el gobernador de la región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, como parte de las indagaciones que se siguen por los relojes y joyas de lujo que usó sin declarar la presidenta peruana, Dina Boluarte.
La decisión fue tomada por la Fiscalía en Delitos Aduaneros de la provincia del Callao, anexa a Lima, y también comprendió a uno de los hijos del gobernador, Wilfredo Oscorima Loja, y a uno de sus sobrinos, Fritz Hinostroza Oscorima, según informó el Ministerio Público en la red social X.
Las tres personas son investigadas por la presunta comisión de los delitos de contrabando y receptación aduanera agravada.
La Fiscalía confirmó que la medida se tomó «por el ingreso ilegal de los relojes Rolex y joyas de alto valor que Wilfredo Oscorima habría entregado a Dina Boluarte».
El despacho fiscal del Callao también declaró «compleja» esta investigación «para continuar realizando diligencias complementarias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos».
Por este caso, el gobernador también es investigado por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación (general) por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico.
El «Rolexgate» es el caso más mediático por el que la Fiscalía investiga a Boluarte y se abrió en marzo pasado, tras revelarse que la gobernante había usado en actividades oficiales unos relojes de lujo y joyas sin haberlos declarado.
La investigación separó el caso en dos procesos, uno de ellos, relacionado con la recepción de los objetos, que ya derivó en una denuncia constitucional por cohecho que ha sido aprobada por una subcomisión del Congreso, pero aún debe tener luz verde definitiva en el pleno.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica en Perú a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y deben aprobarse en el pleno del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada.
El segundo caso se abrió por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, sobre el que la Justicia ha rechazado una petición de archivo por parte de la defensa de Boluarte, que consideraba que el plazo de investigación había concluido.
Desde que empezó esta investigación, Boluarte y Oscorima han sido citados a declarar ante la Fiscalía, y además, los objetos de lujo fueron decomisados por el Ministerio Público.
La Fiscalía ordenó el allanamiento del domicilio de Boluarte y de sus oficinas en e Palacio de Gobierno, y luego amplió la investigación preliminar para comprender la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio.
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