Dos fiscales formularon este lunes una imputación contra el expresidente de Paraguay Mario Abdo Benítez (2018-2023) y varios de sus exfuncionarios por los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible y declaración falsa, entre otros, informó el Ministerio Público.
La imputación se dio como parte de una investigación abierta por la Fiscalía General a raíz de una denuncia presentada en julio de 2023 por el exmandatario Horacio Cartes, quien se declaró víctima desde 2018 de una presunta «persecución» por parte de «personas en el ejercicio del poder político» y luego amplió su acusación al advertir de una supuesta «revelación de secretos del servicio» y de un plan gestado desde órganos del Gobierno anterior.
«Durante parte de su período de Gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña), con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral», señaló la Fiscalía en un comunicado.
«Para llevar adelante este objetivo, agregó la nota, Abdo Benítez «habría compuesto su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales del Ministerio Público)».
La acusación fue presentada por los fiscales Aldo Cantero Colmán y Giovanni Grisetti «tras tener suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los hechos punibles» de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Los señalamientos recaen, además, sobre el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, el extitular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) René Fernández y su antiguo colega de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Adolfo Arregui y la exviceministra de esa entidad Carmen Pereira, así como otros tres exfuncionarios.
También fue imputado el antiguo secretario privado de Abdo Benítez y actual diputado del oficialismo, Mauricio Espínola.
Giuzzio, Arregui y René Fernández, agregó la Fiscalía, fueron agentes fiscales.
El Ministerio Público puntualizó que, «teniendo en consideración que aún se encuentran pendientes diversos oficios y otras diligencias, se estima necesario el plazo de seis meses para presentar requerimiento conclusivo contra cada uno de los imputados».
Al presentar la denuncia en julio de 2023, Pedro Ovelar, el abogado de Cartes, denunció que se crearon «mentiras» para engañar a Brasil y EE.UU., lo que derivó en procesos y sanciones en contra del expresidente y de sus empresas.
Cartes -que derrotó en las primarias oficialistas a Abdo Benítez y es el actual presidente del Partido Colorado- ha sido acusado de presunta corrupción por EE.UU,. que vetó su ingreso y el de sus hijos a ese país. Posteriormente, Washington aplicó sanciones financieras al exmandatario y varias de sus empresas, lo que llevó a un proceso de reestructuración del Grupo Cartes, que desde marzo del año pasado dejó de operar como marca.
El exgobernante fue investigado en Brasil por la operación anticorrupción Lava Jato, que destapó redes de corrupción en ese país y a nivel trasnacional. Su abogado ha señalado que el Superior Tribunal de Justicia de Brasil anuló ese proceso.
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