La Fiscalía de Perú solicitó este martes ante un juzgado supremo el impedimento de salida del país para la suspendida fiscal general, Patricia Benavides, investigada por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias.
El requerimiento presentado por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia a la organización criminal de la investigada, respaldado con «numerosos elementos de convicción», indicó el Ministerio Público en su cuenta de la red social X.
Este pedido de la Fiscalía se conoce horas después de que un equipo de fiscales anticorrupción detuvo a siete personas e intervino 21 inmuebles en Lima, como parte de la investigación de la presunta red corrupta en la Fiscalía por la que se ha suspendido del cargo a Benavides.
El Ministerio Público informó que la operación fue realizada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que dirige la fiscal superior Marita Barreto, con el apoyo de 23 fiscales y más de 100 policías.
La operación comenzó las 03.40 horas (08.40 GMT) del martes y dio como resultado la detención preliminar de siete personas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros, además de 21 viviendas allanadas.
La intervención se realiza en el marco de las investigaciones a cargo del fiscal Christian Niño Torres, contra Jaime Villanueva, Miguel Girao, José Luis Castillo y otros, que, según la información oficial, han estado vinculados con Benavides.
La propia investigada calificó el operativo como una «burda maniobra» hecha para «forzar» su destitución.
«Rechazo la burda maniobra, evidentemente concertada de montar un psicosocial con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y a la opinión publica y así forzar la injusta destitución», sostuvo en un video compartido en las redes sociales de su abogado Jorge Del Castillo.
A fines de noviembre pasado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura peruana, abrió un proceso disciplinario a Benavides por la investigación que le sigue el Eficcop a raíz de la denuncia de una supuesta red de tráfico de influencias en la Fiscalía.
Benavides, quien ha sido suspendida del cargo durante seis meses, afirmó el pasado jueves que es víctima «de una arbitrariedad» motivada «por intereses políticos» que, según dijo, ha llevado a la JNJ a plantear su destitución definitiva.
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