El 16 de octubre, las autoridades de Florida demandaron al gobierno de Estados Unidos, alegando que los funcionarios estadounidenses se niegan ilegalmente a cooperar con los esfuerzos de Florida para eliminar a los no ciudadanos de sus listas de votantes.
La ley estatal obliga a las autoridades del estado a mantener registros precisos del censo electoral. La ley federal exige que el gobierno federal responda a las consultas de las agencias gubernamentales federales, estatales y locales que «pretendan verificar o averiguar la ciudadanía o el estatus migratorio de cualquier individuo dentro de la jurisdicción de la agencia».
Pero cuando el Departamento de Estado de Florida solicitó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) datos sobre las personas que las autoridades de Florida identificaron como posibles no ciudadanos inscritos para votar, el director del USCIS respondió por escrito que la agencia no podía ofrecer ninguna información que no estuviera incluida en el programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para Obtener Derechos.
Las autoridades de Florida tienen acceso al programa, pero es insuficiente para comprobar todos los posibles no ciudadanos, según la demanda, porque el programa requiere que los funcionarios tengan información biográfica y un número de identificación de inmigración para comprobar el estatus de ciudadanía de una persona.
«Sin más información del DHS, Florida es incapaz de cumplir con sus obligaciones estatutarias para garantizar la integridad de sus elecciones y mantener registros precisos de registro de votantes», dijeron en la demanda la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y otros abogados del estado. «La incapacidad de Florida para cumplir con sus obligaciones estatutarias inflige un perjuicio soberano al estado».
La demanda fue presentada en la corte federal de Pensacola.
Las autoridades de Florida piden a la corte que declare ilegal la negativa del USCIS a facilitar información sobre estas personas, que obligue a los funcionarios estadounidenses a proporcionar la información y que conceda a Florida las costas y los honorarios de los abogados.
La demanda se dirige contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE. UU. —la agencia matriz del USCIS— y el secretario del DHS.
«Votar es un derecho concedido a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales ni a otros no ciudadanos», dijo Moody en un comunicado. «La Administración Biden-Harris ha permitido la entrada en el país de millones de inmigrantes ilegales, y debemos asegurarnos de que solo haya ciudadanos en nuestras listas de votantes. Estoy emprendiendo acciones legales contra el Departamento de Seguridad Nacional y el secretario Mayorkas para garantizar que Florida pueda mantener la integridad de las listas de votantes de nuestro estado».
La demanda no especifica cuántos posibles no ciudadanos identificaron las autoridades de Florida. Las autoridades de Florida dijeron en la presentación que no divulgarán públicamente información sobre las personas, pero «si fuera necesario para la resolución de este caso, Florida está dispuesta a presentar información redactada en una demanda enmendada o a proporcionar la información a los demandados y a la corte en virtud de una orden de protección».
Las solicitudes de comentarios enviadas al DHS y al Departamento de Justicia de EE .UU., cuyos abogados defienden al gobierno contra demandas en tribunales federales, no fueron devueltas.
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