PUNTA GORDA, Florida —Un juez de Miami aprobó el 21 de octubre una moción para desestimar un caso de fraude electoral presentado por la Unidad de Delitos Electorales del gobernador de Florida Ron DeSantis.
El estado había acusado a Robert Wood y a otras 19 personas de fraude electoral en agosto después de una redada estatal realizada por la Unidad de Crímenes Electorales, un nuevo organismo que el gobernador creó en un esfuerzo por limpiar las listas de votantes y acusar a quienes han violado las leyes electorales.
Wood fue condenado por asesinato en segundo grado en 1991, por lo que no puede votar según la ley estatal.
Larry Davis, que representó a Wood, argumentó que la Oficina del Fiscal del Estado (OSP, por sus siglas en inglés) no tenía jurisdicción sobre el caso y el juez Milton Hirsch estuvo de acuerdo.
En su orden, Hirsch desestimó los cargos contra Wood y decidió que el procesamiento estatal de los delitos electorales constituía una «extralimitación de poder».
Sin embargo, la oficina del gobernador no estuvo de acuerdo con el fallo del tribunal y dijo que tenía la intención de apelar.
«Dado que las violaciones electorales de esta naturaleza afectan a todos los votantes de Florida, a los funcionarios electorales, al gobierno estatal y a la integridad de nuestra república, seguimos considerando que la Oficina de la Fiscalía Estatal de Florida es la agencia apropiada para perseguir estos delitos», dijo Bryan Griffin, secretario de prensa del gobernador, a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico.
«El estado continuará haciendo cumplir la ley y asegurando que los asesinos y violadores que no pueden votar no lo hagan ilegalmente», continuó. «Florida no será un estado en el que las elecciones queden vulnerables o los tramposos no rindan cuentas».
El fiscal del Estado, Nick Cox, dijo en un comunicado del 21 de octubre que el juez hizo un «análisis incorrecto» y que la decisión sería apelada.
En su orden, Hirsch, del 11º Circuito Judicial, citó a Shakespeare: «Sus brazos se extienden más que las alas de un dragón», escribió citando al Rey Enrique VI, Parte I.
«¿Cuánto más amplio aún pretende extender su alcance la OSP? En el caso que nos ocupa, la respuesta es sencilla: más amplio de lo que contempla la ley de habilitación, y por tanto demasiado amplio».
Según la ley de Florida, para que la fiscalía estatal tenga jurisdicción, el delito debe haber ocurrido en dos o más circuitos judiciales, o debe estar relacionado con una conspiración criminal organizada que afecte a dos o más circuitos judiciales.
En su petición, la fiscalía acusó a Wood de dar información falsa en su formulario de solicitud de voto y, a sabiendas de que no estaba cualificado, votar en las elecciones generales.
Sin embargo, la OSP dijo que ambos delitos sí afectaban a varios circuitos judiciales porque el voto de Wood invocaba la «participación de una entidad gubernamental» en Tallahassee, la capital del estado de Florida, y «se contaba con otros votos legales» y luego se enviaba a otro circuito por el hecho de ir a Tallahassee.
El juez no estuvo de acuerdo.
«Según la versión de la OSP, no es necesario que el Sr. Wood cometa un delito en otra jurisdicción que no sea la de su domicilio para que pueda ser procesado por una entidad destinada a perseguir únicamente delitos multijurisdiccionales», escribió Hirsch en su orden.
«Se deduce, según la versión de la OSP, que la OSP tiene un poder general para perseguir los delitos de los votantes en Florida. Y la OSP no parpadea al afirmar ese poder».
La fiscalía argumentó que el caso de Wood era un reflejo de un caso anterior, State vs Tacher, en el que cuatro personas «conspiraron para transportar drogas ilícitas de Nueva Jersey a Miami».
En ese caso, un juez había determinado que la posesión de las drogas en múltiples circuitos judiciales, «como parte de una empresa criminal», daba al estado autoridad para procesar el caso.
Hirsch dictaminó que el caso de Wood no era igual porque el presunto delito ocurrió en Miami y el «acto de transportar el voto de Wood no era en sí mismo un delito».
«Aquí, toda la conducta delictiva, si la hubo, fue realizada por un hombre en un condado», decía la orden del juez. «Es una vieja verdad que toda la política es local. La OSP pretende poner en evidencia esa vieja verdad».
Es probable que los fiscales acudan al Tribunal de Apelación del Tercer Distrito. Hay otros 19 casos pendientes, muchos de los cuales se encuentran en los condados de Broward, Miami-Dade y Palm Beach, y que podrían llegar a la Corte Suprema de Florida.
Davis dijo que esperaba que el fallo del juez pudiera sentar un precedente para los otros casos pendientes que implican argumentos similares.
«El juez Hirsch es conocido como un juez muy reflexivo», dijo Davis en un comunicado. «Así que creo que su fallo tendrá mucho peso».
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