La fiscal general de Florida, Ashley Moody, presentó un recurso ante la Corte Suprema en el que pide que decida si los estados tienen potestad para regular la forma en que las empresas de redes sociales moderan los contenidos en sus plataformas.
Dado el creciente interés público en el tema de la censura en las redes sociales, la Corte Suprema puede tener dificultades para negarse a escuchar el caso.
El caso enfrenta el derecho de los estadounidenses individuales a expresarse libremente en Internet contra el derecho de las plataformas de redes sociales a tomar decisiones editoriales sobre los contenidos.
Republicanos y conservadores se han quejado durante años de ser censurados por las plataformas.
Una gran cantidad de usuarios de redes sociales se enfureció cuando las plataformas prohibieron el acceso al entonces presidente Donald Trump en enero de 2021, bloquearon un artículo del New York Post sobre el ordenador portátil de Hunter Biden, silenciaron las opiniones discrepantes sobre los orígenes del virus del PCCh y sobre los tratamientos a la enfermedad que provoca.
Los demócratas y liberales dicen que las plataformas no hacen lo suficiente para suprimir el llamado discurso de odio y la supuesta desinformación.
La petición en el caso conocido como Fiscal General, Estado de Florida vs Netchoice LLC, fue presentada el 21 de septiembre.
Netchoice es una coalición de asociaciones comerciales que representan a empresas de redes sociales y empresas de comercio electrónico.
La presentación se produce en un momento en que la mayoría de los estados de EE.UU. están estudiando leyes que regulen las plataformas de redes sociales, como Twitter y Facebook, en aras del interés público.
Florida y Texas han promulgado leyes que imponen limitaciones a la capacidad de las empresas de redes sociales para moderar el discurso en las plataformas y exigen que las empresas proporcionen información al público.
Las empresas de redes sociales dicen que las leyes de Florida y Texas, que limitarían su capacidad para prohibir el discurso político que consideran objetable, violan la Primera Enmienda.
Los partidarios de las leyes responden que debido a que la administración Biden, incluido el FBI, ha estado presionando a las plataformas para que censuren el discurso, las plataformas pierden la protección de la Primera Enmienda porque se han convertido en agentes del gobierno.
Los tribunales de apelación discrepan sobre la constitucionalidad de las dos leyes estatales.
El 23 de mayo, la Corte de Apelaciones del 11° Circuito de EE.UU. anuló gran parte de la ley de Florida (SB 7072).
Cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, un republicano, firmó la medida, dijo que su propósito es luchar contra el “silenciamiento parcial” a “nuestra libertad de expresión como conservadores… por parte de los oligarcas de las ‘Big Tech’ en Silicon Valley”.
El 11° Circuito declaró en su fallo que “con excepciones menores, el gobierno no puede decirle a una persona o entidad privada qué decir o cómo decirlo”.
“Sostenemos que es sustancialmente probable que las empresas de redes sociales, incluso las más grandes, sean ‘actores privados’ cuyos derechos protege la Primera Enmienda… [y] que sus llamadas decisiones de ‘moderación de contenido’ constituyen ejercicios protegidos de juicio editorial, y que las disposiciones de la nueva ley de Florida, que restringen la capacidad de las grandes plataformas para participar en la moderación de contenido, suponen una carga inconstitucional para esa prerrogativa”.
El 11° Circuito dejó intacta una parte de la ley que exige a las empresas que brinden más transparencia sobre sus políticas de moderación.
El 16 de septiembre, el Tribunal de Apelación del 5° Circuito de EE.UU. dictaminó que la ley HB20 de Texas era constitucional, rechazando, en sus palabras, la «idea de que las empresas tienen un derecho de la Primera Enmienda a censurar lo que la gente dice».
La ley de Texas “no enfría el discurso; en todo caso, enfría la censura”.
Citando las decisiones de ambas cortes de apelaciones, Moody, una republicana, escribió en su petición que la “división irreconciliable” entre las cortes “justifica la revisión de esta corte”.
Las redes sociales se han convertido en «la plaza pública moderna», escribió Moody, citando un informe que dice que en Estados Unidos 240 millones de personas usan las redes sociales y «casi la mitad de todos los adultos estadounidenses usan las redes sociales para obtener sus noticias».
“Las redes sociales también son el lugar donde los estadounidenses se relacionan con la política: alrededor de un tercio de las publicaciones en Twitter son de ‘naturaleza política’”, escribió, citando otro informe.
El proyecto de ley 7072 es un esfuerzo de Florida para «evitar que las plataformas de redes sociales abusen de su poder sobre la plaza pública», añadió Moody.
Netchoice también quiere que la Corte Suprema escuche el caso para aclarar la ley aplicable.
“Estamos de acuerdo con Florida en que la Corte Suprema de EE.UU. debe escuchar este caso, y confiamos en que se respetarán los derechos de la Primera Enmienda de los sitios web”, dijo el vicepresidente de Netchoice, Carl Szabo, en un comunicado.
“Tenemos la Constitución y más de un siglo de precedentes de nuestro lado”.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
