PUNTA GORDA, Fla.–Apenas unas horas después de que un juez de la corte de distrito de Florida dictaminara que permitiría a que las escuelas obliguen el uso de mascarillas, el estado presentó una moción de emergencia solicitando a una corte de apelaciones que restableciera la suspensión el miércoles por la noche.
En la moción, el equipo del gobernador Ron DeSantis pide que se suspenda el fallo del 27 de agosto del juez de circuito John Cooper, cuyo fallo sostiene que el gobernador se extralimitó en su autoridad constitucional cuando firmó una orden ejecutiva que impedía a los distritos escolares de Florida de requerir que sus estudiantes usen mascarillas.
El miércoles por la mañana, el juez levantó una suspensión automática, que generalmente se otorga al gobierno en tales demandas, lo cual permite a las escuelas mantener su política del uso de mascarillas sin represalias por parte del Departamento de Educación.
Cooper, en su orden firmada el 2 de septiembre (pdf), se refirió a una nueva ley estatal conocida como la “Declaración de derechos de los padres”, que otorga a los padres el derecho a controlar las decisiones de salud y educación de sus hijos. Cooper dijo que el comisionado de la junta escolar estatal Richard Corcoran y el Departamento de Educación negaron a los distritos escolares su debido proceso al imponer indebidamente sanciones financieras a los distritos que promulgan mandatos de mascarillas.
Durante los cuatro días que el juez no firmó la orden después de su fallo inicial el 27 de agosto, el Departamento de Educación de Florida impuso multas por el monto de los salarios de la junta escolar y del superintendente para los condados de Broward y Alachua. Corcoran también notificó a los condados de Lee, Sarasota y Miami-Dade que estaban bajo investigación por violar la orden del gobernador.
“La ley de Florida no permite que los acusados castiguen a las juntas escolares, sus miembros o funcionarios por adoptar el uso obligatorio de mascarillas faciales sin exclusión voluntaria de los padres si a las juntas escolares se les han negado sus derechos de debido proceso bajo la Declaración de Derechos de los Padres para demostrar que esta política es razonable y cumple con los requisitos del estatuto”, escribió Cooper en su orden.
La moción presentada por el equipo de DeSantis el miércoles por la noche sostiene que el gobernador no pudo haber violado la ley.
“Según sus términos sencillos, la Declaración de Derechos de los Padres limita la autoridad gubernamental y protege los derechos inherentes de los padres”, decía la moción. “Por lo tanto, el gobernador no pudo haber violado la Declaración de Derechos de los Padres al proteger los derechos de los padres. Con toda seguridad, la Declaración de Derechos de los Padres no otorga ninguna autoridad a los distritos escolares locales que no existía anteriormente».
La moción también argumenta que el juez en su fallo superó sus límites y violó la separación constitucional de poderes y examinó cuestiones de política y directivas sobre si se debería permitir que las escuelas requieran el uso de mascarillas.
“El nivel adecuado de seguridad en las escuelas y otros entornos públicos es una cuestión política reservada enteramente a los representantes electos que son públicamente responsables”, decía la moción del estado. “Por lo tanto, al encontrar un daño irreparable (de una suspensión de su fallo), el tribunal de primera instancia no debería haber sustituido sus propias preferencias de política de salud o evaluaciones de riesgo por las del gobernador o, lo que es más importante, el funcionario de salud estatal y el cirujano general».
La historia del caso se remonta al 6 de agosto cuando un grupo de padres presentó una demanda (pdf) en el Tribunal de Circuito del Condado de Leon contra el gobernador Ron DeSantis, el comisionado de la junta estatal de educación y la junta estatal de educación citando que la orden ejecutiva del gobernador «perjudica el funcionamiento seguro de las escuelas». La denuncia continuó diciendo que la orden del gobernador quitó “poderes constitucionales para operar, supervisar y controlar las escuelas” en sus respectivos distritos.
La corte de apelaciones dio a los demandantes hasta las 8 p.m. del jueves para presentar una respuesta.
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