Las autoridades de Florida han presentado una propuesta para prohibir el seguimiento de las compras de armas de fuego y municiones, argumentando que la recopilación de datos por parte de las instituciones financieras estatales viola la Segunda Enmienda.
El trío de funcionarios del estado de Florida —todos republicanos—presentó el 10 de enero la «Ley de Armas y Munición de Florida», una propuesta política pionera en el país para prohibir el seguimiento de las ventas de armas y munición a través de códigos de categoría comercial.
El comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, junto con el senador estatal Danny Burgess y el representante estatal John Snyder, argumentaron que la adopción de los códigos de seguimiento crearía un cuasi-registro de los floridanos que han comprado armas y municiones legalmente.
«Todos tenemos la suerte de vivir en el estado libre de Florida, donde nuestros derechos de la Segunda Enmienda son valorados y protegidos, pero los demócratas en Washington siguen tratando de socavar estos derechos, y debemos permanecer vigilantes», dijo Simpson, el expresidente del Senado que recientemente juró su cargo como comisionado de agricultura, en un comunicado.
Códigos de seguimiento específicos para armas de fuego
Los defensores del control de armas y los demócratas del Congreso han presionado para que la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) adopte recientemente nuevos códigos de categoría comercial que puedan utilizarse para identificar las ventas al por menor de armas de fuego y munición realizadas con tarjeta de crédito.
Una coalición de grupos nacionales de control de armas, entre ellos Guns Down America, Giffords, Brady y New Yorkers Against Gun Violence, emitió una declaración conjunta en la que aplaudía los nuevos códigos de seguimiento cuando la ISO aprobó su creación en septiembre de 2022.
Los grupos afirmaron que la decisión «allana el camino para que las compañías de tarjetas de crédito ayuden a las fuerzas de seguridad a evitar tiroteos masivos y el tráfico de armas de fuego mediante la identificación de patrones sospechosos de compras de armas de fuego y municiones» a través de los códigos de comercio de unos 9000 distribuidores de armas de fuego con licencia federal en todo Estados Unidos.
Las principales compañías de tarjetas de crédito han optado por implantar los códigos, y los demócratas del Congreso han aplaudido la decisión en una carta (pdf) dirigida a los ejecutivos de American Express, Mastercard y Visa.
«Esta sensata decisión refleja también el compromiso de prevenir la violencia armada y la pérdida innecesaria de vidas humanas», afirma la carta, firmada por 118 demócratas y fechada el 20 de octubre de 2022.
Reacción del Partido Republicano
Tras la introducción de los códigos, dos docenas de fiscales generales republicanos instaron a las compañías de tarjetas de crédito a abandonar sus planes de rastrear las ventas de armas en Estados Unidos mediante números de transacción específicos para cada arma de fuego.
Argumentaron que el seguimiento de los datos de compra de armas de fuego «solo importa si sus instituciones están considerando el uso de esa información para tomar otras medidas perjudiciales, como la violación de la privacidad de los consumidores, la inhibición de las compras protegidas por la Constitución mediante la restricción selectiva del uso de sus sistemas de pago, o de otro modo la retención de sus servicios financieros de determinados comerciantes ‘desfavorecidos'».
Los fiscales generales advirtieron que están preparados para emprender acciones legales «para proteger a nuestros ciudadanos y consumidores de los intentos ilegales de socavar sus derechos constitucionales».
La medida adoptada el martes por las autoridades de Florida se basa en ese esfuerzo.
«Línea en la arena»
Simpson sugirió que habría consecuencias legales para el seguimiento de las compras de armas de fuego y munición a través de los códigos.
«La ‘Ley de Armas y Munición de Florida’ traza una línea en la arena y dice a las instituciones financieras progresistas multinacionales, y a sus aliados en Washington, que no pueden crear encubiertamente un registro de armas de fuego de la puerta trasera de los floridanos, u otro», dijo Simpson.
Burgess prometió trabajar estrechamente con Snyder en la legislatura estatal para llevar este «importante» proyecto de ley al escritorio del gobernador de Florida, Ron DeSantis, antes de fin de año.
«Esto es Estados Unidos de América. No te penalizan por ejercer un derecho constitucional», dijo Burgess en un comunicado. «La Segunda Enmienda no es negociable, y aquí en Florida, vamos a luchar para proteger los derechos de los floridanos», añadió.
Snyder advirtió que el uso de los códigos de rastreo crearía una «base de datos exhaustiva de los floridanos respetuosos de la ley» que la legislación propuesta impediría. «Los propietarios de armas no serán el objetivo de las instituciones financieras en el estado libre de Florida», dijo Snyder.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) también ha criticado la adopción de los códigos de comercio específicos para armas de fuego, calificándolos de erosión de los derechos de la Segunda Enmienda.
«La decisión de crear un código específico para las armas de fuego no es más que una capitulación ante los políticos y activistas antiarmas empeñados en erosionar los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley, transacción por transacción», declaró un portavoz de la NRA.
Impulso al control de armas
Durante la campaña electoral y desde que asumió el cargo, el presidente Joe Biden se ha comprometido a endurecer el control de armas, alegando la necesidad de frenar la violencia relacionada con ellas.
Biden ha dicho públicamente que apoyará proyectos de ley que prohíban los cargadores de 10 cartuchos o más —muy comunes y propiedad de millones de estadounidense— y las llamadas armas de asalto, un término que, según algunos republicanos, no está claramente definido y es intencionadamente vago para permitir que la red de control de armas se extienda más.
Un estudio ampliamente citado (pdf) publicado por el Departamento de Justicia concluyó que las armas de asalto «rara vez se utilizan» en delitos con armas de fuego, pero concluyó que la prohibición de 1994 sobre ellas podría haber tenido un mayor impacto si se hubiera mantenido en vigor después de 2004.
Durante años, Biden y los demócratas han tratado de criminalizar lo que describen como «cargadores de alta capacidad», que tampoco tienen una definición clara, al igual que las «armas de asalto».
La legislación presentada en 2021 en el Senado prohibiría los cargadores con más de 10 cartuchos, reflejando la normativa de una docena de estados, entre ellos California y Nueva York.
El Departamento de Justicia señaló en un informe de 1999 (pdf) que la prohibición federal de este tipo de cargadores en 1994 no provocó un descenso significativo de los tiroteos ni de los asesinatos.
En junio de 2022, Biden promulgó una ley de control de armas que representa la ley más ambiciosa en décadas.
Las disposiciones clave de la legislación incluyen la ampliación de los controles federales de antecedentes para los compradores de entre 18 y 21 años, la adición de incentivos para que los estados adopten las llamadas leyes de bandera roja, la ampliación del acceso a los programas de salud mental y la mejora de la seguridad escolar en un intento de prevenir los tiroteos masivos.
Con información de Jack Phillips.
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