Un tribunal federal de apelaciones ha permitido que Florida aplique la prohibición de la terapia hormonal sustitutiva en niños mientras prosigue el recurso legal contra la prohibición.
En la decisión del 26 de agosto, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EE.UU. se puso del lado de Florida, revocando la orden de un juez de distrito que puso la prohibición en suspenso mientras se apela el asunto. El tribunal también aprobó un procedimiento acelerado en la apelación.
«El propio tribunal de distrito reconoció que existían ‘preocupaciones legítimas’ sobre algunos de los efectos de los tratamientos, así como un ‘riesgo de diagnóstico erróneo’, ‘riesgos asociados al tratamiento’ y el potencial de ‘riesgos médicos adicionales’», escribió la mayoría de 2-1 del panel, formada por los jueces Britt Grant y Robert Luck, en una opinión sin firma.
Los demandados, entre ellos el Cirujano General de Florida, Joseph Ladapo, y la Junta de Medicina de Florida, han demostrado «fehacientemente que es probable que tengan éxito en cuanto al fondo», concluyeron los jueces.
En el centro de la batalla legal se encuentra una ley de 2023 que prohíbe a médicos y enfermeros realizar operaciones de reasignación de sexo o recetar medicamentos como hormonas sexuales y bloqueadores de la pubertad a menores de 18 años, independientemente del consentimiento paterno. Los niños que ya tomaban esos medicamentos cuando se aprobó la ley pueden seguir tomándolos, pero las operaciones ya no están permitidas.
La ley también impone restricciones a los adultos que busquen tratamiento de transición de género, exigiendo que los pacientes adultos reciban dicho tratamiento exclusivamente de un médico y firmen el formulario de consentimiento en persona, impidiendo de hecho que soliciten el tratamiento a enfermeras o servicios de telesalud.
En junio, el juez Robert Hinkle, del Distrito Norte de Florida, falló a favor de quienes impugnaban las restricciones, incluidos los padres de un niño de 10 años diagnosticado con disforia de género. El juez declaró que, aunque Florida puede regular los tratamientos, no debe negar un «tratamiento médico seguro y eficaz» a las personas que se identifican como transexuales.
El estado recurrió la sentencia de Hinkle y pidió al juez que le permitiera aplicar la ley a la espera de la vista de apelación. Sin una suspensión, argumentó el estado, no podría garantizar que esos tratamientos cumplieran las normas médicas adecuadas.
«Eso no es cierto. El estado dispone de abundantes medios para garantizar que los profesionales de la salud se adhieren a las normas de atención prevalentes», escribió Hinkle en su denegación de la suspensión. «El estado permitió e incluso pagó la atención de afirmación de género durante muchos años antes de promulgar el estatuto y las normas en cuestión en una ola de prejuicios antitransgénero».
Grant y Luck discreparon de Hinkle. Concluyeron que el perjuicio que sufriría el estado por no poder hacer cumplir la voluntad de la Legislatura y la necesidad de «evitar riesgos irreversibles para la salud de sus niños» pesa más que el posible perjuicio para los demandantes individuales.
«En cuanto al daño a terceros, incluso con la ley en vigor, los médicos pueden seguir recetando y administrando bloqueadores de la pubertad y hormonas a adultos. Y los menores que ya los recibían pueden seguir haciéndolo», escribieron en el dictamen del 26 de agosto.
El juez Charles Wilson disintió, argumentando que hay «suficiente evidencia en el expediente» para respaldar la afirmación de que la ley 2023 se basó en una «discriminación injusta contra menores y adultos transgénero».
«En conjunto, las pruebas en el expediente demuestran que los demandantes y los miembros de la clase sufrirían si se concediera la suspensión: impedir el acceso a la atención de afirmación de género causaría un sufrimiento innecesario», escribió. «Este asunto es una cuestión médica, en la que es mejor dejar que los pacientes tomen decisiones junto con los profesionales de la salud, con acceso a información completa e imparcial, según sea necesario».
El Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, uno de los grupos de defensa pro-LGBT que litigan el caso, dijo que estaba «profundamente decepcionado» por la decisión.
«Permitir que estas restricciones discriminatorias vuelvan a entrar en vigor negará a los adultos y adolescentes transgénero la atención que salva vidas, e impedirá a los padres de Florida tomar decisiones médicas que son adecuadas para sus hijos», dijo el grupo en un comunicado.
El Departamento de Salud de Florida no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.
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