Una feroz batalla sobre la legalidad del aborto en Florida llegó a un punto crítico el 5 de noviembre, cuando los votantes del estado se convirtieron en los primeros en la nación en rechazar un intento de consagrar el derecho al aborto en la constitución del estado desde la decisión Dobbs de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Tras superar numerosos obstáculos legales para conseguir su inclusión en la boleta en las elecciones generales de Florida, la enmienda 4 no logró superar el último obstáculo para su aprobación: los votantes.
Para la aprobación de la medida se necesitaba una mayoría del 60 por ciento. A las 21 horas de la noche de las elecciones, con el 91 por ciento de los votos emitidos, la medida había recibido el 57 por ciento de los votos.
La enmienda pretendía establecer el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal —el punto en el que un bebé puede sobrevivir fuera del útero— o en cualquier momento si un «proveedor de atención médica» lo considera necesario para proteger la salud de la madre.
Su aprobación habría anulado la ley estatal del aborto de seis semanas, que entró en vigor en mayo. Dicha ley establece que el aborto es ilegal una vez que el embarazo sobrepasa las seis semanas. La ley incluye excepciones limitadas para situaciones de violación, incesto, tráfico de personas o amenaza grave para la salud física de la madre.
La presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, celebró la decisión de los votantes en un comunicado.
«La desaparición de la Enmienda 4 pro-aborto es una victoria trascendental para la vida en Florida y para todo nuestro país», dijo Dannenfelser. «Gracias al gobernador Ron DeSantis, cuando nos despertemos mañana, los bebés con corazones que laten seguirán estando protegidos en el estado libre de Florida».
DeSantis luchó arduamente contra la enmienda de la boleta electoral, argumentando que su amplio contenido no definía las condiciones específicas bajo las cuales se podía realizar un aborto, y por quién.
También sostuvo que la ley desharía los requisitos existentes de consentimiento de los padres para las menores que buscan abortos, prohibiría al estado promulgar regulaciones para proteger a las mujeres embarazadas y permitiría efectivamente el aborto hasta el momento del nacimiento.
«Esta Enmienda 4 es un engaño intencional al público», dijo DeSantis en una conferencia de prensa el 30 de octubre en Clearwater, rodeado de un grupo de médicos que se oponían a la enmienda.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, presentó los mismos argumentos para impugnar la validez de la enmienda ante la Corte Suprema del estado. Pero la corte consideró que esos argumentos no eran convincentes y aprobó la medida para su votación.
Floridians Protecting Freedom, la campaña a favor de la enmienda, demandó al Departamento de Salud de Florida por sus intentos de impedir que las estaciones de televisión transmitieran anuncios que apoyaban la medida que, según los funcionarios estatales, tergiversaba la ley vigente del estado.
Todavía no se ha emitido una sentencia sobre el caso.
La directora de campaña del Sí a la 4, Lauren Brenzel, criticó la «cruzada» del estado contra la Enmienda 4 en una declaración del 16 de octubre.
«El Estado no puede obligar a las estaciones de televisión a eliminar el discurso político de las ondas de radio en un intento de mantener vigente su prohibición del aborto», dijo Brenzel.
«Continuaremos nuestra campaña frente a esta flagrante interferencia del gobierno, pero debemos mantenernos enfocados y continuar organizando nuestras comunidades porque la elección en noviembre es mantener una prohibición casi total del aborto sin excepciones reales en caso de violación, incesto o la salud de la mujer o votar SÍ a la Enmienda 4 y limitar la intervención del gobierno en decisiones médicas privadas».
La enmienda enfrentó otro obstáculo en las últimas semanas de las elecciones: acusaciones de fraude.
La Oficina de Delitos Electorales y Seguridad del estado alegó que quienes difundieron la petición falsificaron firmas para asegurar la inclusión de la enmienda en la boleta electoral. Las fuerzas del orden estarían investigando a 60 personas en relación con el caso.
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