Una fiscal de distrito de Georgia instó el 24 de enero a un juez a no hacer público el informe de un gran jurado que investiga posibles injerencias en las elecciones de 2020, al menos hasta que decida si acusa a alguien.
«En este momento, en interés de la justicia y de los derechos, no del Estado, sino de otros, pedimos que no se divulgue el informe», dijo Fani Willis, la fiscal demócrata del condado de Fulton, al juez Robert McBurney, de la Corte Superior del condado de Fulton, durante una audiencia.
Además de querer asegurarse de que las personas, incluidos los «futuros acusados», sean «tratados con justicia», Willis citó contenidos del informe que aparentemente muestran que «las formulaciones de cargos son inminentes».
Aliados clave del expresidente Donald Trump testificaron ante el gran jurado especial, que el juez McBurney aprobó en 2022 a petición de Willis, mientras la procuraduría trabajaba para determinar si se violó alguna ley en relación con las elecciones presidenciales y sus consecuencias. Los miembros del gran jurado concluyeron su trabajo a principios de este mes, pero el informe ha permanecido sellado hasta ahora.
Según la ley de Georgia, los grandes jurados especiales no pueden presentar cargos, pero se esperaba que el gran jurado en cuestión recomiende a Willis si acusar o no a determinadas personas.
Los propios miembros del gran jurado quieren que el informe se haga público, y la ley estatal generalmente favorece la publicación de este tipo de informes, dijo McBurney.
«Tenemos que guiarnos por los estatutos. No están ahí para una consideración opcional», dijo el juez.
Pero Willis y sus ayudantes alegaron que el informe formaba parte de una investigación penal en curso y que, por tanto, no debía desclasificarse.
«El contenido del informe debe guiar el análisis», argumentó Donald Wakeford, fiscal del condado.
Wakeford dijo que la posición cambiaría después de que se tomen las decisiones de acusación.
«Lo que se haga con el informe (…) debe venir después de que la fiscal del distrito haya tenido la oportunidad de decir, no voy a presentar cargos o voy a presentar cargos, o incluso he presentado cargos, y aquí está la acusación», dijo el fiscal del condado. «En ese momento, la postura relativa, la situación de todos los implicados estará mucho más clara y tendremos una hoja de ruta mucho mejor sobre cómo manejar el secreto o la publicación».
«El informe, seguro que acabará siendo divulgado, porque la fiscal de distrito no se va a oponer eternamente», añadió después.
Un grupo de medios de comunicación pretende la publicación del informe.
«Nosotros creemos que el informe debe ser publicado ahora y en su totalidad, y ese enfoque es coherente con la forma en que funciona el sistema judicial estadounidense», dijo Thomas Clyde, abogado que representa a los medios, dirigiéndose al juez.
«En otras palabras, no es raro que un fiscal de distrito o una procuraduría se sientan incómodos en general por tener que divulgar información durante el progreso de un caso, eso ocurre todo el tiempo. Pero el sistema judicial, una y otra vez, ha dicho que, cuando se presentan asuntos ante el sistema judicial, vamos a exigir que se hagan públicos, porque la fe del público y del sistema judicial mejora mucho funcionando de forma pública».
Clyde señaló que los propios miembros del jurado quieren que se publique el informe.
El juez McBurney replicó, preguntándose si la situación se ajustaba a la definición de circunstancias extraordinarias, lo que podría llevarle a pronunciarse en contra de su publicación. Clyde discrepó, afirmando en parte que las investigaciones pueden seguir produciéndose incluso después de que se haya divulgado la información.
McBurney optó por no tomar una decisión inmediata.
El juez dijo que quería «pensar un poco sobre esto» antes de ponerse en contacto con la oficina de la fiscal de distrito y los medios de comunicación con preguntas o preocupaciones. Después de eso, «vamos a averiguar la mejor manera de seguir adelante con esto».
La fiscal Willis indicó que 75 testigos declararon ante el gran jurado, pero se negó a dar sus identidades. Algunos de los que han testificado son conocidos, entre ellos el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y el exjefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows.
Trump ha negado haber actuado mal, diciendo que las acciones, incluida una llamada a fines de 2020 al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en relación con las preocupaciones de fraude electoral, eran legítimas. El expresidente dijo en una declaración reciente que la investigación era una «caza de brujas política».
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