El Parlamento francés adoptó de forma definitiva este jueves la llamada Ley de Seguridad Global que incluye un controvertido artículo que restringe el derecho de divulgar imágenes de policías que suscitó numerosas manifestaciones en su contra.
En el voto definitivo en la Asamblea Nacional un total de 75 diputados se pronunciaron en favor de una ley que el ministro de Interior, Gérald Darmanin, no dudó en calificarla en un comunicado como el texto «más importante» en el terreno de la seguridad en diez años.
Su punto más polémico es el artículo 24, que inicialmente preveía prohibir y castigar con hasta un año de prisión y 45,000 euros de multa la difusión de imágenes de agentes de las fuerzas del orden si con ellas podían ser identificados, y con el argumento de que eso podía ponerles en peligro personalmente.
Ante la reacción que generó en muy amplios colectivos, incluidas las asociaciones de periodistas y ONG de defensa de derechos humanos, así como en la oposición de izquierdas -que denunciaban un mecanismo de censura-, el Gobierno se comprometió a corregirlo, algo de lo que se encargó el Senado.
En su formulación definitiva, con las mismas penas previstas que al principio, se crea un delito de «provocación a la identificación» de los agentes de la fuerza pública, a imagen de lo que ya existe con la provocación al odio o al delito.
Lo que se castiga con ese artículo que los sindicatos policiales reclamaban para protegerlos de agresiones cada vez más frecuentes es la voluntad maliciosa de identificarlos durante sus intervenciones, pero con una serie de protecciones de la libertad de prensa.
Unas salvaguardas que no han convencido a muchas asociaciones que, como Amnistía Internacional, estiman que el texto final es demasiado vago y sigue dejando la puerta abierta a procesos judiciales por emitir imágenes o vídeos con el rostro de policías.
En un comunicado, esta ONG hizo notar que ya se ha demostrado que otras leyes con un amplio espectro de cobertura «han podido ser utilizadas de forma abusiva en Francia contra manifestantes u observadores de derechos humanos». Con toda seguridad, esa disposición será sometida al control del Consejo Constitucional.
En su comunicado, Darmanin no hizo referencia a ese artículo, y puso el acento en otras disposiciones de la ley, en particular las que amplían las competencias de las policías municipales «conforme a las demandas de ciertos alcaldes».
Se les autorizará, por ejemplo, a constatar delitos como el consumo de drogas o la venta ilegal en la calle.
El nuevo texto también da pie a un mayor uso de tecnologías como las cámaras que pueden llevar en sus uniformes los policías que patrullan en la calle o los drones a los que cada vez recurren más como medio de vigilancia.
Igualmente les autoriza a llevar sus armas cuando están fuera de servicio.
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