Un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes instó el lunes a sus colegas a rechazar un acuerdo de gasto gubernamental que no aborde la «frontera abierta» y las políticas «progresistas radicales» lideradas por los demócratas y el presidente Joe Biden.
Mientras el Congreso trabaja para llegar a un acuerdo sobre gastos para el resto del año fiscal, evitando así otro inminente cierre del gobierno, 43 republicanos han instado a sus colegas a “forzar la inclusión” de medidas para asegurar la frontera y frenar las políticas progresistas radicales.
En una carta enviada el lunes, los legisladores subrayaron el número sin precedentes de inmigrantes ilegales y drogas mortales que fluyen a través de la porosa frontera sur de Estados Unidos y las tragedias que sufren los estadounidenses, entre ellas el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años, y las víctimas del fentanilo.
“En algún momento, la seguridad fronteriza tiene que ser más que algo a lo que simplemente enviamos mensajes”, se lee en la carta, encabezada por el presidente del Freedom Caucus, Bob Good (R-Va.) y el representante Chip Roy (R-Texas).
“¿Hay algún punto en el que nos negaremos a permitir que esto suceda bajo nuestra supervisión, o no hay un umbral de daño a nuestra nación por el cual nos negaríamos a financiar al gobierno que perpetra la invasión?”
Los 43 legisladores pidieron rechazar un paquete de financiación que no incluya medidas para asegurar la frontera de Estados Unidos, incluido poner fin al tráfico y bloquear el voto de los no ciudadanos en las elecciones federales.
“El próximo paquete de asignaciones gubernamentales financia múltiples vías de las que Biden se aprovecha para liberar millones [de inmigrantes ilegales] en Estados Unidos”, dijeron.
Esto incluye el “abuso de leyes” por parte del Departamento de Seguridad Nacional, mediante el cual inmigrantes ilegales son liberados en Estados Unidos bajo programas de libertad condicional y asilo, así como el “tráfico de seres humanos” por parte de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, según la carta.
Sin embargo, los legisladores sostuvieron que “el abuso puede controlarse si la Cámara de Representantes ejerce su deber constitucional”. Instaron a sus colegas a forzar “la inclusión de elementos centrales” en la H.R. 2, la Ley de Seguridad Fronteriza”, dentro del paquete de asignaciones.
«Por supuesto, el hecho de que el paquete de financiación incluya gastos de defensa significa que muchos racionalizarán un voto ‘sí’ ‘para las tropas’. Incluso dejando de lado la frontera, el poder del presupuesto también debería utilizarse para detener la politización radical del Departamento de Defensa”, escribieron.
El caucus equiparó el voto a favor de un proyecto de ley de gastos que no incluya medidas para frenar «las políticas de ingeniería social más desastrosas del presidente Biden» como «un voto a favor del fondo de viajes para abortar, las cirugías de transición de género financiadas por los contribuyentes y otras políticas de diversidad, equidad e inclusión en el Pentágono”.
El Congreso está tomando medidas para aprobar seis proyectos de ley de asignaciones antes del 22 de marzo, después de haber aprobado seis a principios de este mes, lo que evitó por poco un cierre parcial.
Se esperaba que el 17 de marzo se diera a conocer el texto de un mini proyecto de ley de gastos para completar los seis proyectos de ley de asignaciones restantes, pero no se hizo público.
El progreso en el acuerdo bipartidista se desaceleró durante el fin de semana en medio de desacuerdos sobre las disposiciones del proyecto de ley para una resolución continua de un año de duración.
Los seis proyectos de ley de asignaciones restantes financiarán sectores del gobierno federal, incluido el DHS, y los otros departamentos, incluidos Defensa, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación y Estado. También financiará el Servicio de Impuestos Internos, el gobierno general y las operaciones en el extranjero.
Sin el proyecto de ley de gastos, estos departamentos no recibirán financiación y deberán cerrar.
La oposición republicana al manejo de la crisis en la frontera sur por parte del presidente está en el centro de los retrasos.
El Freedom Caucus destacó las cifras sobre la crisis fronteriza desde que el presidente Biden asumió el cargo, citando la “liberación masiva” de 4.5 millones de inmigrantes ilegales, otros dos millones de “fugas” y a otro millón se le permitió la entrada a través de la aplicación CBP One, que es la aplicación que usó el hombre que mató a la estudiante Laken Riley.
La carta también señala que algunos avisos de comparecencia ante el tribunal entregados a inmigrantes ilegales al ser liberados en el país se extienden hasta 2035.
El lunes se pidió a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que comentara sobre la participación de la Casa Blanca en las conversaciones sobre los elementos presupuestarios del paquete de financiación al DHS.
«No voy a hablar sobre las negociaciones en curso», dijo.
“Una cosa que dejaré clara es que, mire, el DHS necesita un proyecto de ley que financie adecuadamente el ritmo operativo. ¿Bien? Y hemos visto, durante el año fiscal pasado, que eso es por lo que está luchando la administración. Queremos asegurarnos de que tengan los fondos operativos para hacer el trabajo que necesitan hacer. Y eso es lo que puedo decir”, afirmó Jean-Pierre.
Cuando se le preguntó si la Casa Blanca tenía algún problema con la asignación presupuestaria para el DHS, Jean-Pierre dijo que no “negociaría desde el podio”, pero que la administración Biden siempre ha dicho “que el DHS necesita fondos adicionales”.
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