Varios agentes de las fuerzas de seguridad continúan su lucha contra la liberación anticipada de delincuentes violentos tras la orden judicial que impide a los funcionarios de las prisiones estatales hacerlo.
«[Los funcionarios estatales] tienen en mente que liberar a la gente de nuestras instituciones es de alguna manera una reforma de la justicia penal, pero no lo es», dijo el fiscal de distrito del Condado de Riverside, Mike Hestrin, a The Epoch Times.
«Hay una forma correcta y una forma incorrecta de reformar las instituciones y simplemente decir que vamos a abrir las puertas de las prisiones y que los individuos más peligrosos de nuestro estado van a ser liberados ante un público desprevenido, eso no es una reforma de la justicia penal. Es un peligroso experimento que se hace con el pueblo de California».
El 28 de diciembre de 2021, un juez de Sacramento concedió una orden de restricción temporal a 28 fiscales de distrito de California que impide la liberación anticipada de ciertos reclusos después de cumplir solo un tercio de sus condenas, en lugar de la mitad.
El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) aplicó el 1 de enero una nueva normativa que aumenta los créditos por buena conducta del 50 por ciento al 66 por ciento para los presos con condenas no violentas que reúnan los requisitos necesarios, incluidos los reincidentes.
Sin embargo, el estado clasifica como «no violentos» una serie de delitos aparentemente violentos, como la violencia doméstica, el tráfico de personas, la crueldad con los animales, la agresión sexual y la violencia con armas de fuego.
«Es orwelliano decir que la violencia doméstica es no violenta», dijo Hestrin. «Estos son simplemente resultados absurdos en nuestro estado actual de la ley».
Normalmente, los créditos por buena conducta se utilizan para promover que los reclusos hagan algo positivo, como la lucha contra el fuego o la realización de un curso de educación, donde según el crédito, el recluso obtendrá una reducción de su condena.
Pero los fiscales de distrito de toda California están diciendo que el CDCR está abusando de los créditos por buena conducta y que, en cambio, está permitiendo que los criminales violentos solo cumplan un tercio de su condena.
«Tiene que haber un sentido de la verdad en las sentencias», dijo Hestrin. «Cuando alguien es condenado a 15 años de prisión (…) [y] termina con una sentencia de tres o cuatro años, no es correcto y no es la forma correcta de gestionar un sistema de justicia».
Rod Norgaard, fiscal adjunto en jefe de Sacramento, cuya oficina encabezó la acusación de la orden de restricción, dijo que el cambio en las regulaciones de liberación anticipada del CDCR es para equilibrar el presupuesto estatal ahorrando dinero en reclusos.
«La razón por la que quieren hacer esto es para cerrar las prisiones», dijo Norgaard a The Epoch Times.
«Así que sí, se puede equilibrar un presupuesto dejando salir a todo el mundo de la cárcel. La seguridad pública se va al traste y nuestras comunidades no son seguras cuando se hace eso, pero no creo que sea una preocupación que tengan».
Norgaard dijo que no hay problema con los créditos de buena conducta cuando un recluso hace un trabajo positivo. Pero los créditos no deben repartirse por no tener mala conducta.
«Me refiero a estos créditos como los créditos de mirar a la pared», dijo. «No hay ninguna buena conducta subyacente a estos créditos. Lo único que no hiciste fue mala conducta. No apuñalaste a nadie en ese día (…) Así que obtener créditos por no hacer nada es algo ridículo».
El sheriff del Condado de San Bernardino, Shannon Dicus, se hizo eco de las declaraciones de Norgaard en el sentido de que los créditos de la condena deben ganarse de forma proactiva.
«Si [los reclusos] no están haciendo nada para mejorar y prepararse para su liberación, entonces tienen que cumplir su condena», dijo Dicus a The Epoch Times. «Por eso tenemos las directrices de sentencia que tenemos. Y si quitamos todas esas cosas, no hay [factor de disuasión]».
Dicus dijo que la expansión del sistema de créditos buenos podría perjudicar la seguridad pública.
«Eso arrojará más [convictos] que han tenido cero disuasión en nuestro sistema al público», dijo. «Sinceramente, creo que vamos a seguir viendo cómo aumentan cosas como los robos en comercios.
«Todo ha vuelto a casa con todas estas reformas, y estamos viendo cuáles son los resultados».
Dicus dijo que el reparto de créditos por parte del CDCR es muy injusto para las víctimas y sus familias porque los reclusos no están cumpliendo las sentencias que se les impusieron cuando fueron condenados.
«La víctima de un delito ciertamente no cree que sea menos [violento] de lo que era cuando fue víctima. Y esta perspectiva de mirar más al delincuente y sus derechos frente a la víctima y sus derechos es algo que no me cuadra», dijo.
La orden de alejamiento temporal para los 28 condados solo durará hasta el 18 de enero.
En ese momento, un juez emitirá una orden judicial preliminar que impediría al CDCR dar los créditos hasta que la demanda sea escuchada en su totalidad, o el juez puede disolver la orden de restricción y permitir al CDCR ofrecer los créditos, dijo Norgaard.
Independientemente del fallo que se dicte el 18 de enero, las fuerzas de seguridad dicen que van a hacer todo lo posible para evitar que los delincuentes violentos sean liberados.
«Vamos a tener una lucha más larga y protegida en los tribunales», dijo Hestrin. «[La orden de restricción temporal] fue ciertamente un fallo bien recibido por el tribunal, pero es solo un fallo inicial y por eso estamos preparados para una larga lucha. Vamos a luchar contra esto».
Un portavoz del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California no estaba disponible de inmediato para hacer declaraciones.
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