Las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos aliados han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas, que constituyen crímenes de lesa humanidad, indicó un informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos estableció dicha misión para Venezuela el 27 de septiembre de 2019, que lideraron su presidente Marta Valiñas de Portugal, y como miembros participaron Paul Seils, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francisco Cox, de Chile.
La investigación concluyó que existen motivos razonables para creer que el líder Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa ordenaron o contribuyeron a los crímenes documentados en el informe con el fin de silenciar a la oposición. Entre ellos, citó las «detenciones arbitrarias para atacar a personas por su afiliación, participación, puntos de vista, opiniones o expresión política.
La misión de la ONU identificó varios elementos comunes a las violaciones, y las víctimas a veces sufren una combinación de elementos. Entre estos destacó el informe ataques físicos o amenazas, campañas de difamación y estigmatización, represalias administrativas (especialmente la destitución de políticos, jueces y fiscales o funcionarios públicos de sus puestos), procesos penales en procedimientos judiciales que no se ajustan a las normas del debido proceso y detenciones arbitrarias, incluso en malas condiciones y durante períodos prolongados de detención preventiva.
Además señaló malos tratos y torturas, incluida la violencia sexual y de género, detención durante periodos en los que se desconoce su paradero y hostigamiento y amenazas a familiares o personas cercanas a las víctimas principales.
La mayoría de las ejecuciones ilegales por parte de agentes estatales no han sido procesadas en Venezuela, donde el estado de derecho y las instituciones democráticas se han derrumbado, afirmó el informe sobre la investigación realizada por la ONU.
La misión de investigación de la ONU dijo que otras jurisdicciones nacionales y la Corte Penal Internacional (CPI), que abrió un examen preliminar sobre Venezuela en 2018, deberían considerar los enjuiciamientos. Informó que compartiría su base de datos que contiene los nombres de los agentes identificados por las víctimas.
«La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas desde 2014 han planificado y ejecutado graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales, incluidos los asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo en un comunicado la presidente del panel, Marta Valinas.
El régimen de Maduro no respondió de forma inmediata al informe de la ONU, basado en más de 270 entrevistas con víctimas, testigos, exfuncionarios y abogados, y documentos confidenciales.
«Lejos de ser actos aislados, estos delitos fueron coordinados y cometidos de acuerdo con las políticas de Estado, con el conocimiento o apoyo directo de los mandos y altos funcionarios del gobierno», dijo Valinas.
El panel de investigadores de la ONU determinó que oficiales del ejército, la policía y los servicios de inteligencia habían cometido ejecuciones extrajudiciales. Entre ellos se encontraba el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia, el general Christopher Figuera, dijo el texto.
Falsificación de pruebas
La investigación determinó además que existen motivos razonables para creer que el servicio de inteligencia falsificó o colocó pruebas sobre las víctimas y que sus agentes torturaron a los detenidos. Entre ellos se encontraba el legislador opositor Fernando Alban, de quien el régimen dijo que se suicidó en 2018 pero cuyo partido afirmó que fue asesinado.
Se cree que el capitán de la Armada Rafael Acosta murió tras ser torturado bajo la custodia de la agencia de inteligencia militar DGCIM el año pasado, dijeron los expertos de la ONU.
El panel, creado por el Consejo de Derechos Humanos para investigar violaciones desde 2014, no tuvo acceso a Venezuela, desde donde más de 5 millones de personas, una sexta parte de la población, han emigrado para huir de la crisis política, económica y humanitaria que padece la nación sudamericana.
Las FAES y los colectivos
El informe de los investigadores de la ONU citó a exmilitares entrevistados al recordar que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) han sido descritas por varias fuentes como un grupo «no profesional» y carente de formación.
«Las FAES son un grupo de delincuentes uniformados a disposición del gobierno (en disputa), no una fuerza policial profesional», indicó el informe citando a uno de los exmilitares entrevistados que no fueron identificados.
El texto afirma que las FAES se convirtieron rápidamente en la institución policial más letal en Venezuela, responsable del 64.5% de las muertes que la Misión examinó en 2019. El informe dijo no obstante que la misión no ha podido localizar documentos oficiales u otra información de dominio público en relación con las FAES, incluidos los manuales de operaciones, desde su creación.
Los investigadores aludieron además a los colectivos, como se conocen los grupos de seguridad ciudadana que surgieron de los «Círculos Bolivarianos», y que datan de la época del fallecido líder Hugo Chávez. El informe se refiere a que «desde entonces han mantenido una relación compleja con el gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado».
«Si bien el término colectivo se ha utilizado como un término general para referirse a estos grupos, en la práctica operan bajo estructuras de mando paralelas. Según un análisis de la organización de investigación InSight Crime, algunos colectivos se han transformado en estructuras delictivas. Información indica que existen vínculos entre el Estado y esos grupos armados», señala el informe.
Posición del régimen de Maduro
El informe de los investigadores de la ONU encontró que el aparato estatal venezolano respondió con tácticas represivas a las protestas de la oposición, que se incrementaron especialmente después de que Maduro fue reelegido en 2018 en medio de una protesta por los resultados.
«Las fuerzas de seguridad usaron fuerza letal contra la víctima cuando no era estrictamente inevitable para proteger vidas. Las fuerzas de seguridad también usaron armas menos letales de manera letal, lo que resultó en la muerte de los manifestantes», dijo el informe.
El embajador del régimen de Maduro ante las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, dijo en el foro el martes que el régimen estaba cooperando con la oficina separada de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en particular para facilitar las visitas a las cárceles.
El gobierno del presidente Donald Trump y unas 60 naciones desconocen al régimen de Nicolás Maduro, y respaldan la gestión del presidente encargado, Juan Guaidó.
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